Contratos por más de 2 mil millones de pesos al año, procesos con un solo participante y una denuncia por presuntos cobros ilegales colocan al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) en el centro de un caso que ya escala a nivel nacional.
El programa alimentario del organismo —encargado de entregar desayunos fríos, calientes y canastas básicas a población vulnerable— no solo representa uno de los contratos sociales más grandes del estado, sino también uno de los más concentrados: en los últimos tres años, una sola empresa ha dominado todo el proceso.
Y es que, en 2024, el DIFEM realizó una licitación pública nacional con dos empresas participantes. El contrato terminó en manos de Despensas y Provisiones de Alimentos S.A. de C.V. (DYPASA), por un monto superior a mil 813 millones de pesos.
Para 2025, el escenario cambió drásticamente: la licitación se llevó a cabo con tiempos recortados y solo un participante. El resultado fue el mismo: DYPASA obtuvo un contrato aún mayor, por 2 mil 214 millones de pesos.
En 2026, la situación dio un giro más polémico. La licitación pública fue declarada desierta por rebasar el techo presupuestal, y el proceso derivó en una invitación restringida. Aunque este mecanismo debería convocar al menos a tres empresas, en la práctica solo se invitó a una: DYPASA, con un monto máximo de adjudicación de 2 mil 327 millones de pesos.
El dato que prende las alertas: en 2025 y 2026, DYPASA no solo ganó… fue la única en competir.
Más de 15 años en el negocio
La empresa no es nueva en el sistema. De acuerdo con los registros, ha abastecido este programa durante más de 15 años, atravesando distintas administraciones estatales y consolidando una posición dominante en el suministro de alimentos para el DIF mexiquense.
Especialistas del sector señalan que ciertas condiciones de las convocatorias podrían estar cerrando el mercado: requisitos de capital de hasta 700 millones de pesos, plazos reducidos para presentar propuestas y restricciones a esquemas de participación conjunta.
La denuncia: pagos en efectivo y contratos “gestionados”
El caso escaló tras la presentación de una denuncia formal ante autoridades del Estado de México, bajo el título:
“Denuncia por posibles actos de corrupción, fraude y tráfico de influencias en el Estado de México”
El documento, presentado de forma anónima por temor a represalias, describe un presunto esquema en el que proveedores habrían sido presionados para pagar hasta 2 millones de pesos en efectivo a cambio de facilitar contratos públicos, particularmente dentro del DIFEM.
En la denuncia se menciona a diversos actores, entre ellos Maximiliano Alexander, Karina Labastida Sotelo, Carlos Zurita y el notario Alejandro Moreno Morales.
Según los testimonios, tras realizar los pagos, las gestiones prometidas no se concretaban y los intermediarios desaparecían, lo que podría configurar delitos como fraude, cohecho y tráfico de influencias. Además, se advierte que estas prácticas podrían repetirse de manera sistemática.
Lo que piden los denunciantes
El documento solicita:
- Una investigación formal, exhaustiva e imparcial
- Sanciones a servidores públicos y particulares involucrados
- Revisión de los procesos de contratación del DIFEM
- Protección para denunciantes
- Intervención de autoridades federales si se configuran delitos de ese nivel
De confirmarse, los hechos podrían constituir faltas administrativas graves y delitos que impactan directamente en el uso de recursos públicos.
El tema llega a la mañanera
La polémica ya alcanzó la agenda nacional. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso.
La mandataria respondió que, de existir información formal, corresponderá a las autoridades estatales investigar, sin descartar la posible intervención de la Fiscalía General de la República.
El caso ocurre en una entidad gobernada por Delfina Gómez, lo que añade presión política a un tema que combina contratos multimillonarios, baja competencia y denuncias de presunta corrupción.
Por ahora, no hay resoluciones oficiales, pero los datos son claros: contratos que superan los 2 mil millones de pesos anuales, procesos con participación limitada y una denuncia que apunta a posibles redes de intermediación ilegal.
En medio de esto, el programa alimentario del DIF Estado de México —clave para miles de familias— queda bajo una pregunta incómoda: ¿se trata de eficiencia administrativa… o de un modelo que necesita ser revisado a fondo?
