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Gobierno recupera más de mil concesiones mineras; 889 mil hectáreas vuelven al control del Estado

La Secretaría de Economía informó que en la actual administración se han retirado mil 126 títulos por incumplimientos legales. Más de 249 mil hectáreas estaban dentro de Áreas Naturales Protegidas. La superficie recuperada equivale a la suma de Morelos y Tlaxcala

La Secretaría de Economía reportó la recuperación de 1,126 concesiones mineras que abarcan 889,512 hectáreas en distintas regiones del país, como parte de la estrategia de revisión y reordenamiento del sector extractivo impulsada por el gobierno federal.

Durante la presentación oficial, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubón, acompañado por José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, detalló que 713 de estos títulos se localizaban dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), cubriendo una extensión de 249,108 hectáreas.

De acuerdo con las autoridades, las principales causas para cancelar las concesiones fueron el incumplimiento en el pago de derechos mineros y la omisión en la entrega de informes estadísticos y reportes obligatorios sobre obras y actividades. Ebrard subrayó que la política actual busca asegurar que solo permanezcan vigentes aquellas concesiones que cumplan con las obligaciones fiscales, administrativas y ambientales previstas en la ley.

La dimensión territorial de lo recuperado —precisaron— equivale a la suma de los estados de Morelos y Tlaxcala, lo que da cuenta del alcance del proceso de depuración en el sector.

Por entidad, Sonora encabeza la lista con 141,408 hectáreas recuperadas, equivalente al 16% del total. Le siguen Durango con 129,741 hectáreas (15%), Coahuila con 120,475 (14%), Jalisco con 72,985 (8%), Zacatecas con 69,602 (8%) y Chihuahua con 34,074 (4%). El resto de las hectáreas se distribuye en otras entidades del país, que en conjunto representan el 35% restante.

La Secretaría de Economía sostuvo que esta medida forma parte del nuevo modelo de política minera que comenzó a implementarse desde el sexenio anterior y que prioriza el fortalecimiento de la rectoría del Estado sobre los recursos minerales, el combate a irregularidades y una supervisión más estricta de las actividades extractivas, particularmente en zonas de alto valor ambiental.

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