El Gobierno de México anunció un incremento histórico en la inversión pública, con un aumento adicional de 722 mil millones de pesos en 2026, equivalente a 2% del Producto Interno Bruto, como resultado de nuevos esquemas financieros diseñados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Durante la presentación, la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez, explicó que estos mecanismos buscan agilizar la ejecución de proyectos estratégicos en sectores clave como energía, agua, trenes, carreteras y puertos, mediante contratos mixtos, esquemas de garantías, Fibras y Fibra E, así como una mayor articulación con la banca de desarrollo, la banca comercial y el mercado bursátil.
Detalló que instituciones como el Fondo Nacional de Infraestructura, CFE, Pemex y la SICT ya cuentan con capacidades fortalecidas para desplegar estos proyectos, permitiendo al Estado recuperar el capital una vez que las obras alcancen madurez, sin comprometer la rectoría pública.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año destina casi dos billones de pesos: alrededor de un billón a programas de bienestar y poco más de 900 mil millones de pesos a inversión en infraestructura, incluyendo carreteras, agua potable, hospitales y generación de energía.
Sheinbaum subrayó que, a diferencia de esquemas anteriores como las APP, los nuevos modelos no ceden concesiones ni generan contratos onerosos, manteniendo la propiedad y el control de los activos estratégicos en manos del Estado. En el sector eléctrico, precisó, se garantiza una participación pública del 54%.
La mandataria adelantó que durante febrero se presentarán de manera escalonada los proyectos de Pemex, gas, soberanía energética, carreteras, puertos y electricidad, mientras que en marzo se dará a conocer el avance de la inversión privada vinculada al Plan México.
Finalmente, anunció la creación de un Consejo de Planeación, encabezado por la Presidencia de la República, para consolidar una visión de desarrollo de largo plazo, fortalecer la inversión en infraestructura y garantizar crecimiento económico con bienestar, equidad y justicia social.
