La Contralora General, María Teresa Herrera Tello, afirmó ante el Congreso del Estado que en la institución “no hay espacio para la impunidad”, y que esta postura se ha reflejado en acciones constantes para garantizar que cada falta tenga una consecuencia clara, con procesos basados en rigor técnico y absoluta transparencia.
Durante el cuarto año de Gobierno, la dependencia impuso cuatrocientas sesenta y tres sanciones por faltas administrativas no graves, sumando un total de mil ciento sesenta y cinco en la administración. Entre ellas se registraron treinta y tres suspensiones, setenta y una inhabilitaciones y tres destituciones. Además, la Unidad Anticorrupción clasificó dieciséis casos como faltas graves y los turnó al Tribunal de Justicia Administrativa.
Herrera Tello destacó que estos avances se han consolidado gracias a la modernización tecnológica aplicada dentro de la Contraloría, con nuevos sistemas de seguimiento y control de auditorías que permiten procesos más transparentes, trazables y eficientes.
“Impulsamos una modernización tecnológica sin precedentes, porque sabemos que la integridad requiere herramientas sólidas”, afirmó.
La funcionaria también resaltó el incremento en la participación ciudadana, pues gracias al portal Nuevo León Incorruptible y a la ampliación de canales de denuncia, los reportes crecieron de doscientas a mil seiscientas noventa quejas.
De ellas, mil cuatrocientas sesenta y nueve ya fueron concluidas, reflejando un mayor involucramiento social en la vigilancia del uso de los recursos públicos.
“Seguiremos consolidando plataformas, elevando estándares y perfeccionando los mecanismos de rendición de cuentas”, concluyó.
