La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, presentó las iniciativas que el Gobierno de México enviará al Congreso de la Unión para combatir de manera integral el delito de extorsión, una de las principales preocupaciones de seguridad en el país.
Explicó que la estrategia forma parte de los objetivos estratégicos del nuevo gobierno, enfocados en garantizar la seguridad de la población a través de inteligencia, investigación, coordinación interinstitucional y pleno respeto a los derechos humanos.
Recordó que el pasado 9 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 constitucional, que otorga al Congreso de la Unión la facultad de emitir una Ley General para prevenir, investigar y sancionar la extorsión.
“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades, sin depender de la presentación de una denuncia”, precisó Godoy.
La iniciativa fue elaborada en una mesa técnica integrada por diversas dependencias del Gobierno de México y contempla penas de 6 a 15 años de prisión, que podrán aumentar en casos agravantes, como el cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o servidores públicos, o cuando el delito se cometa desde centros penitenciarios.
Asimismo, el proyecto eleva a rango de ley la estrategia nacional para prevenir y combatir la extorsión, que actualmente opera a través del número de denuncia 089 y ha mostrado resultados positivos, según el gobierno federal.
La propuesta también incluye reformas complementarias a distintos ordenamientos legales, como el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Extinción de Dominio, para que la extorsión sea considerada un delito susceptible de dicha medida.
“Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca frenar el avance de un fenómeno delictivo que ha afectado profundamente a la sociedad y que requiere de una intervención reforzada y coordinada del Estado mexicano”, concluyó Godoy.
