En un paso inédito hacia la promoción de la salud pública, el gobierno federal y la industria refresquera alcanzaron un acuerdo para reducir el consumo de bebidas azucaradas en México, país con el mayor consumo per cápita de refrescos en el mundo.
Eduardo Clark, subsecretario de Salud, explicó que después de que se anunciara el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, las empresas se acercaron al gobierno para dialogar sobre medidas conjuntas.
“Después de varias semanas de trabajo, llegamos a un acuerdo que creemos altamente beneficioso para la salud pública”, señaló Clark. Entre los compromisos adquiridos por las refresqueras destaca la reformulación de los productos: dentro de un año, el 70% del portafolio de refrescos con azúcar, como los de Coca-Cola, tendrá un 30% menos de azúcar, según un comunicado público del grupo.
Otros puntos clave del acuerdo incluyen:
- Diferenciación de precios: Los refrescos sin azúcar mantendrán un costo menor para incentivar su consumo frente a las versiones azucaradas.
- Publicidad responsable: La industria se compromete a no publicitar refrescos dirigidos a niños y adolescentes y a limitar la promoción de presentaciones de alto volumen, enfocándose en bebidas light o zero.
- Transparencia y seguimiento: Las autoridades de salud supervisarán que los compromisos se cumplan, incluyendo la reducción real de azúcar y las restricciones publicitarias.
Clark enfatizó que el objetivo central no es la recaudación fiscal, sino disminuir el consumo de bebidas azucaradas para combatir la obesidad, diabetes e hipertensión en el país. “La recomendación de la Secretaría de Salud sigue siendo clara: reducir al mínimo el consumo de refrescos”, afirmó.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida y destacó que el acuerdo es transparente y de beneficio público, buscando que las decisiones de política pública generen resultados concretos en la salud de los mexicanos. “Se trata de un paso estratégico para evitar mayores impactos de las bebidas azucaradas en nuestra población”, dijo.
Con este acuerdo, se da un paso hacia la reducción de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación y marca un precedente de colaboración entre el gobierno y la industria en favor de la salud pública.
