La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Gobierno federal no negociará de manera discrecional los adeudos fiscales de grandes grupos empresariales, al destacar que los casos en litigio se resuelven con base en la ley y no mediante acuerdos políticos. El pronunciamiento surge luego de la publicación realizada por Grupo Salinas sobre su situación fiscal.
Durante su conferencia, Sheinbaum estuvo acompañada por la procuradora fiscal de la Federación, Grisell Galiano, quien explicó a detalle el origen de los adeudos y la manera en que fueron calculados. La mandataria sostuvo que su gobierno tiene la obligación de aplicar la Constitución y el Código Fiscal de la Federación:
“Cuando llegué a la Presidencia juré guardar y hacer guardar la Constitución. Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, ni de mesas privadas. Es un Estado de derecho para todas y todos. Nada ni nadie por encima de la ley”.
Abusos detectados
Galiano expuso que muchos de los adeudos millonarios derivan del antiguo régimen de consolidación fiscal, creado en 1982 con el objetivo de fortalecer a los grandes consorcios, darles liquidez y promover la inversión. Dicho esquema permitía que las empresas de un mismo grupo sumaran utilidades y pérdidas de sus distintas filiales, con lo que podían reducir o diferir el pago de impuestos hasta por diez años.
Sin embargo, esta figura fue utilizada de manera indebida por varias corporaciones que inflaban pérdidas, realizaban movimientos contables artificiales o compraban empresas en crisis para utilizarlas como “amortiguadores fiscales”. Esta práctica redujo significativamente la recaudación y generó desigualdad frente a las pequeñas y medianas empresas, que sí cumplían con sus obligaciones.
Por ello, en 2014 el régimen fue eliminado y sustituido por el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades, con reglas más estrictas y plazos definidos. Desde entonces, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha mantenido procesos de fiscalización y litigios para recuperar los adeudos generados en años anteriores.
En particular, la procuradora fiscal informó que un grupo empresarial mantiene nueve créditos fiscales en litigio correspondientes a ejercicios entre 2008 y 2013, con un monto total acumulado de 483 mil 822 millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la declaración de pérdidas inexistentes, deducciones indebidas, fusiones y compras de empresas usadas para inflar quebrantos contables, así como falta de devolución de beneficios fiscales una vez eliminado el régimen de consolidación.
La mayoría de los casos ya han sido resueltos en primera y segunda instancia a favor del SAT, y actualmente se encuentran a punto de ser definidos de manera definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin condonaciones, solo beneficios legales
Sheinbaum recordó que, tras la reforma constitucional promovida en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, queda prohibida la condonación o exención de impuestos fuera de lo que marca la ley. Los únicos beneficios posibles son las reducciones de multas y recargos en caso de que el contribuyente decida pagar de forma voluntaria.
La mandataria señaló que existen mecanismos institucionales para inconformarse con la autoridad, como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), así como la vía de los amparos y tribunales.
“Este no es un asunto político, ni de diferencias personales. Es simplemente la aplicación de la ley. El SAT siempre tendrá las puertas abiertas para el diálogo, pero no para negociar fuera del marco legal”, insistió.
Con ello, el Gobierno federal busca subrayar que el combate a los privilegios fiscales es parte de la política de equidad tributaria y que las reglas son iguales para todos los contribuyentes, sin excepciones.
