La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre los avances del programa de ordenamiento de concesiones en el país, con el objetivo de frenar prácticas irregulares heredadas del periodo neoliberal, cuando el recurso hídrico fue tratado como mercancía.
El director general de Conagua, Efraín Morales López, explicó que se han revisado más del 90% de los 536 mil títulos de concesión, encontrando múltiples irregularidades: falsificación, coordenadas erróneas, uso indebido (particulares con títulos urbanos, balnearios y campos de golf registrados como agrícolas) y duplicidad de documentos.
Morales detalló que gracias a estas acciones se han recuperado más de 4 mil millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al suministro de la Ciudad de México durante cuatro años. Además, se incrementó la recaudación en un 15% y se realizaron casi 4 mil inspecciones con 490 clausuras.
Corrupción neoliberal
Por otra parte, el subdirector de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez, recordó que en sexenios pasados se heredaron bases de datos fragmentadas y poco confiables, lo que generó un rezago de 145 mil trámites y un registro plagado de duplicidades.
Hoy, tras una revisión exhaustiva, se han identificado más de 58 mil inconsistencias que van desde títulos falsos hasta concesiones agrícolas utilizadas con fines industriales o recreativos.
Rodríguez precisó que, para combatir estas irregularidades, se habilitó un portal ciudadano de denuncias, mediante el cual cualquier persona puede reportar aprovechamientos irregulares o robo de agua. Esto ha permitido reforzar la vigilancia, atender reclamos sociales y transparentar los procesos de inspección.
Además, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes se enviarán al Congreso dos iniciativas clave:
- Una Ley General para reglamentar el derecho humano al agua.
- Reformas a la Ley de Aguas Nacionales para prohibir la compraventa de concesiones entre particulares, fortalecer la rectoría del Estado y establecer sanciones más severas contra delitos hídricos.
“Se acabó la transmisión de títulos de agua entre privados. Si alguien no usa su concesión, debe regresarla al Estado. El agua es un bien estratégico y un derecho humano, no una mercancía”, recalcó la mandataria, al subrayar que esta reforma busca acabar con el mercado negro de concesiones que se consolidó en décadas pasadas.
Sheinbaum enfatizó que las modificaciones a la ley también contemplan sanciones a quienes cambian el uso de las concesiones sin notificar a la autoridad o extraen agua de forma clandestina.
“No podemos permitir que mientras millones de mexicanas y mexicanos enfrentan escasez, haya quienes se enriquecen con un recurso tan vital. Con esta reforma, el Estado retoma su papel para garantizar el acceso equitativo y justo al agua en todo el país”, aseguró.
El nuevo marco legal contempla penas más severas contra el robo de agua, incluyendo la extinción de dominio en casos de reincidencia, pues actualmente las sanciones económicas resultan insuficientes para inhibir estas prácticas. Se busca también impedir que particulares acumulen títulos con fines de especulación y garantizar que el recurso sea destinado prioritariamente al consumo humano y a la producción de alimentos.
En paralelo, Conagua avanza en la modernización de trámites con la creación de una ventanilla digital única que permitirá atender todos los procesos en línea a partir de enero de 2026. Con ello, se reducirá la discrecionalidad, se agilizará la atención a pequeños y medianos productores y se cerrarán espacios a la corrupción.
La administración federal sostiene que este ordenamiento hídrico representa no solo una corrección histórica a los excesos del pasado, sino también un paso decisivo para enfrentar el futuro en un contexto de crisis climática y creciente presión sobre los recursos hídricos. El compromiso, concluyó Morales López, es garantizar que cada gota de agua se administre con justicia, transparencia y visión de sustentabilidad.
