La titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, informó que las leyes secundarias de la reforma judicial ya se encuentran como iniciativas en el Congreso, específicamente en la Cámara de Senadores, y buscan armonizar la legislación con la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024.
Entre las principales modificaciones destacan la definición de plazos procesales: seis meses para juicios tributarios y cuatro meses para delitos penales que no excedan dos años de prisión, con el objetivo de garantizar una justicia pronta y expedita.
Godoy Ramos destacó que este segundo paquete de reformas incluye el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley de Amparo, con ajustes significativos para modernizar el sistema judicial.
Entre las medidas más importantes se encuentran la incorporación de notificaciones digitales, reglas claras para la detención en flagrancia, la protección de la identidad de los juzgadores, y la actualización de criterios en materia de prisión preventiva y suspensión de actos reclamados, especialmente en casos que involucren la economía nacional y el sistema financiero.
Tramites más eficientes
En cuanto al juicio de amparo, la reforma busca simplificar y agilizar su tramitación mediante la justicia digital, estableciendo plazos y términos precisos, y clarificando la figura del “interés legítimo” conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Arturo Zaldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, enfatizó que las reformas no limitan el acceso al amparo, sino que fortalecen su eficacia, evitan abusos legales y protegen los derechos fundamentales, al tiempo que permiten a las autoridades combatir delitos como el lavado de dinero y otras conductas ilícitas con mayor eficiencia.
Estas modificaciones también buscan garantizar la transparencia y la certeza jurídica, al obligar a los juzgadores a señalar con claridad quién debe cumplir las sentencias y cómo se debe ejecutar cada medida.
Además, se incorporan mecanismos para preservar la economía nacional y los derechos de terceros, como la protección de créditos fiscales, obligaciones laborales y pensiones alimenticias, incluso cuando se aplican suspensiones o congelamientos de cuentas por medidas judiciales.
El paquete de reformas incluye lenguaje incluyente y referencias explícitas a pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, así como la actualización de las denominaciones de los nuevos órganos judiciales.
Con estas medidas, el Gobierno federal busca profundizar en la nueva forma de administrar justicia, asegurando que el sistema judicial sea eficiente, moderno, accesible y respetuoso de los derechos humanos, mientras mantiene al juicio de amparo como la herramienta principal de protección ciudadana en México.
