El exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, podría enfrentar una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles conocida como huachicol fiscal, considerada una de las operaciones ilícitas más lucrativas en las aduanas mexicanas.
De acuerdo con El Universal, el caso de Ruffo, nacido en San Diego y con ciudadanía estadounidense, forma parte de un paquete de más de 200 órdenes de captura dirigidas contra agentes aduanales, empresarios, militares y funcionarios presuntamente involucrados en la introducción ilegal de gasolina y diésel al país.
El nombre del exmandatario panista apareció vinculado al decomiso de 15 millones de litros de combustible irregular en Coahuila, realizado el 7 de julio pasado. Ruffo figura como socio mayoritario de Ingemar S.A. de C.V., empresa señalada en la investigación.
La compañía, originalmente dedicada a bienes raíces y construcción, incursionó en el sector energético en 2019 y, en plena restricción de permisos, obtuvo autorización federal para importar hasta 500 millones de litros de combustibles.
Tras conocerse el caso, Ruffo declaró estar dispuesto a colaborar con las autoridades. “Absolutamente, yo estoy tranquilo, aquí en México, listo para atender cualquier llamado”, dijo en entrevista con El Universal. Negó que su empresa tuviera responsabilidad y señaló a otra compañía como la verdadera operadora: “Crismón es nuestra comercializadora, es nuestro único cliente”, aseguró.
El operativo forma parte de la estrategia encabezada por el gabinete de seguridad, bajo la coordinación de Omar García Harfuch, para combatir el huachicol fiscal, una modalidad de fraude aduanal en la que combustibles son ingresados al país disfrazados de insumos químicos o aditivos, con apoyo de funcionarios y particulares.
