El llamado “Cártel de la Limpieza” vuelve a colocarse en el centro de la polémica, ahora vinculado al contrato IA-11-B00-011B00001-N-2187-2025, de carácter plurianual y con un monto superior a 2 mil 500 millones de pesos, destinado al servicio integral de limpieza dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Las dudas se intensifican debido a la cercanía del secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo, con proveedores relacionados a José Juan Reyes, señalado en adjudicaciones irregulares en el pasado. Aunque el fallo otorgó el contrato a Servicios Integrales Retimar, S.A. de C.V., la decisión quedó bajo revisión tras la inconformidad registrada con el expediente PI/03/2025.
El Órgano Interno de Control (OIC) del Politécnico acordó la suspensión de oficio del procedimiento; sin embargo, la Secretaría de Administración decidió continuar con la formalización del contrato, desoyendo la recomendación del propio OIC. El acuerdo con Retimar, de carácter abierto y multianual, incluye personal, insumos y equipo para diversas áreas del IPN durante los ejercicios fiscales 2025 a 2028.
El nombre de Tapia Santoyo no es ajeno a la controversia. En 2018, la organización Tojil lo denunció ante la FGR por adjudicar directamente contratos por más de seis millones de pesos a la empresa Interacción Biomédica, declarada fantasma por el SAT. Investigaciones apuntan a que, entre 2012 y 2019, una red de 84 compañías —algunas catalogadas como fantasmas— obtuvo más de 3 mil 390 millones de pesos, con Tapia como figura clave.
Además de su historial en contrataciones cuestionadas, en el plano político su nombre comienza a sonar como aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, presuntamente de la mano de Armando Ríos Piter, “El Jaguar”.
Ante los señalamientos, se ha solicitado la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar el patrimonio de Tapia Santoyo y aclarar las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos dentro del IPN.
