En los últimos años, la Ciudad de México ha sido testigo de un fenómeno urbano que ha transformado el rostro de sus barrios tradicionales: la gentrificación.
Lo que para algunos significa mejoras urbanas, para muchos otros representa el desplazamiento forzado de comunidades enteras, el encarecimiento del costo de vida y la pérdida de identidad barrial.
Este 20 de julio, vecinos de diversas colonias del sur de la ciudad realizarán la segunda marcha contra la gentrificación, partiendo a las 15:00 horas desde la estación Fuentes Brotantes del Metrobús, en la alcaldía Tlalpan, y recorriendo barrios como Santa Úrsula Xitla, La Fama, Camisetas y El Arenal.
¿Qué es la gentrificación?
La gentrificación ocurre cuando personas con mayor poder adquisitivo se mudan a zonas de clase media o popular. Poco a poco, cambian el perfil del barrio: abren cafeterías de especialidad, tiendas gourmet, se remodelan edificios y suben las rentas.
Como consecuencia, las familias que han vivido allí durante generaciones ya no pueden pagar los precios y se ven obligadas a irse.
Aunque puede traer mejoras en infraestructura, también genera tensiones sociales al alterar la composición demográfica y económica de las colonias, y muchas veces elimina oficios, costumbres y redes comunitarias que daban vida a esos espacios.
Colonias como Roma, Condesa, Juárez, Narvarte y Doctores han vivido este cambio con intensidad. El auge del turismo, la llegada de nómadas digitales y el crecimiento de plataformas como Airbnb han empujado los precios de las rentas a niveles insostenibles para los residentes originales.
Según datos del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, en algunas zonas el precio promedio de renta se ha triplicado en menos de 10 años. A esto se suma la compra masiva de propiedades por inversionistas, que limita la oferta de vivienda accesible.
Un fenómeno global
Este proceso no es exclusivo de México. Ciudades como Nueva York, Barcelona, Berlín, Londres y Buenos Aires también enfrentan crisis similares. En todos los casos, las protestas ciudadanas buscan frenar políticas de desarrollo urbano que privilegian al mercado por encima de las comunidades locales.
En Berlín, por ejemplo, más de un millón de personas firmaron una petición para expropiar viviendas en manos de grandes corporaciones inmobiliarias. En Barcelona, el gobierno ha limitado las licencias de Airbnb para proteger la vivienda habitacional.
La respuesta del gobierno capitalino
Frente al creciente descontento, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció recientemente un paquete de medidas llamado BANDO 1, que busca contener el alza de precios de la vivienda y proteger a los habitantes de barrios populares.
Entre las 14 acciones contempladas destacan:
- Congelamiento de rentas por encima de la inflación.
- Regulación de alquileres temporales como Airbnb.
- Creación de una defensoría inquilinaria para apoyar en casos de desalojo o abuso.
- Propuesta de una Ley de Rentas Justas.
- Impulso a vivienda social en zonas céntricas.
- Protección del patrimonio cultural y oficios tradicionales.
- Monitoreo permanente del mercado inmobiliario mediante un Observatorio de Vivienda y Suelo.
“El objetivo es evitar que la ciudad se convierta en un espacio exclusivo para quien puede pagar más, y preservar la diversidad, historia y comunidad de sus barrios”, afirmó Brugada.
Organizaciones vecinales, colectivos barriales y activistas advierten que las políticas públicas deberán ir más allá de los anuncios y materializarse en acciones contundentes.
Para ellos, el derecho a la ciudad no se limita a tener una vivienda, sino a habitar espacios con dignidad, identidad y acceso equitativo a servicios.
La marcha del 20 de julio es un recordatorio de que miles de personas no quieren que su historia sea borrada en nombre del “progreso”.
