Venezuela fue añadida esta semana a la lista de países que representan un riesgo significativo para la Unión Europea en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La medida fue respaldada por el Parlamento Europeo tras la propuesta de la Comisión Europea del 10 de junio, sin que se registraran objeciones por parte de los legisladores.
Con esta actualización, el bloque europeo amplía el número de jurisdicciones bajo una vigilancia financiera más estricta, a raíz de preocupaciones sobre la debilidad de sus sistemas regulatorios. Además de Venezuela, también fueron incluidas naciones como Angola, Líbano, Mónaco y Nepal, entre otras.
Aunque la lista no implica sanciones automáticas, sí obliga a bancos y entidades financieras europeas a aplicar controles más rigurosos cuando se relacionen con estos países, con el objetivo de frenar flujos ilícitos de capital y prevenir el uso del sistema financiero europeo para actividades criminales.
En contraste con estas nuevas incorporaciones, el bloque decidió retirar a varios países previamente observados, como Panamá, Filipinas, Senegal y los Emiratos Árabes Unidos. Uno de los casos más polémicos fue la exclusión de Gibraltar, que provocó un intenso debate político dentro del Parlamento Europeo.
Gibraltar: foco de disputa política
La salida de Gibraltar de la lista fue criticada por sectores del Parlamento, especialmente por el Partido Popular Europeo. La eurodiputada española Isabel Benjumea cuestionó la decisión, al considerar que el territorio sigue funcionando como un centro financiero con condiciones fiscales privilegiadas que afectan a la economía de zonas fronterizas españolas.
Según cifras mencionadas por el PP, en Gibraltar operan más de 14 mil empresas, una proporción inusualmente alta en relación con su población. Esta situación, afirman, genera una fuga fiscal estimada en 7 mil millones de dólares para el conjunto de la Unión Europea.
Pese a las críticas, la Comisión Europea defendió la exclusión del enclave británico. La comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, aseguró que Gibraltar ha adoptado todas las obligaciones internacionales relevantes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, y que el acuerdo entre Bruselas, Londres y Madrid garantiza estándares equivalentes en estas áreas.
Salvo una revocación por mayoría del Parlamento o del Consejo de la UE, el nuevo listado entrará en vigor en los próximos días, reforzando los mecanismos de vigilancia sobre los países considerados más vulnerables ante los delitos financieros.
