La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que en México ya existen protocolos legales y sanitarios para atender casos de embarazo en menores de edad, y subrayó que cualquier situación en la que una niña o adolescente dé a luz debe ser reportada de inmediato al Ministerio Público, pues podría tratarse de un delito.
Recordó que en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años, lo que eliminó las excepciones previas que permitían casarse a los 14 años en mujeres y 16 en hombres. Esta decisión legal cerró la puerta a los llamados “matrimonios infantiles” que, en muchos casos, derivaban en embarazos forzados.
Asimismo, destacó que existen dos normas oficiales relevantes: la NOM-190-SSA1-1999, que establece criterios para prevenir y atender la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y la NOM-047-SSA2-2005, enfocada en la salud de adolescentes de 10 a 19 años. Esta última norma obliga a los hospitales a activar protocolos específicos cuando una menor embarazada acude a recibir atención médica.
“Cuando una menor de 18 años llega a un hospital a dar a luz, las autoridades sanitarias deben notificar al Ministerio Público, y se inicia una investigación. Esto ya está legislado, no depende de una decisión presidencial”, explicó Sheinbaum. Indicó que el artículo 226 del Código Penal, junto con los artículos 265 y 266, contemplan claramente los delitos sexuales contra menores.
La presidenta también señaló que este procedimiento se fortaleció desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando se estableció que la Secretaría de Salud, a través del Registro Nacional de Nacimientos (RENAPO), debe documentar la edad del padre del bebé en los casos donde la madre es menor. Si se detecta que el padre es adulto y la madre menor de edad, se debe iniciar una investigación penal.
Sheinbaum reconoció que muchos de los embarazos en niñas ocurren bajo contextos de usos y costumbres en ciertas comunidades, donde se han dado matrimonios forzados. Sin embargo, dejó claro que la ley mexicana debe prevalecer: “Aun cuando hay prácticas comunitarias, la ley exige que se investigue cualquier embarazo infantil como un posible delito. La autoridad está obligada a actuar en defensa del interés superior del menor”.
Finalmente, insistió en la importancia de campañas educativas y de prevención del embarazo adolescente, así como en la necesidad de informar a las jóvenes sobre sus derechos, como parte de una política integral para erradicar la violencia sexual y los matrimonios forzados.
