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Urnas para los jueces: México se lanza a una elección histórica

Más de 800 jueces, incluidos los de la Suprema Corte, serán elegidos por voto ciudadano. El gobierno de Claudia Sheinbaum lo considera parte de la “gran transformación”; opositores lo ven como un riesgo al Estado de derecho

México escribe este domingo un capítulo sin precedentes: los jueces ya no serán designados desde las cúpulas del poder, sino por el voto directo de la ciudadanía. Una decisión que podría cambiar para siempre el equilibrio entre los poderes del Estado.

Se trata de una reforma impulsada por el gobierno como parte de un ambicioso plan para erradicar la corrupción y el nepotismo en el sistema judicial, aunque no está exenta de polémica.

En total, se renovarán 881 cargos judiciales a nivel federal. La votación también incluye a cinco integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá la facultad de destituir jueces, así como a dos jueces del máximo tribunal electoral. A nivel estatal, habrá elecciones judiciales en 19 entidades.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum, esta elección representa un paso decisivo en la transformación del país: “Quieren hacer creer que esta elección está amañada. ¡Nada más falso! Es un acto de justicia y democracia”, afirmó. Sheinbaum ha defendido el proceso como un ejercicio legítimo de participación popular y un contraste con reformas pasadas, como la de 1999, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo nombró a los nuevos ministros tras remover a la Corte completa.

Sin embargo, voces críticas advierten que permitir la elección popular de jueces podría poner en riesgo la imparcialidad judicial y abrir la puerta a una mayor politización de los tribunales. Organismos internacionales, académicos y opositores consideran que esta reforma puede debilitar el equilibrio entre poderes.

La tensión entre quienes ven esta reforma como una purga necesaria y quienes la interpretan como un golpe al Estado de derecho ha marcado el debate público en las últimas semanas. En ese contexto, la participación ciudadana será clave no sólo para legitimar el nuevo modelo judicial, sino para definir el rumbo de la justicia en México durante los próximos años.

El país está frente a una encrucijada: ¿una justicia más cercana al pueblo o un Poder Judicial sometido al vaivén político? La respuesta está, literalmente, en las urnas.

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