José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, presentó este miércoles los principales cambios de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual busca garantizar el acceso a internet como un derecho efectivo para todas y todos los mexicanos.
Durante su intervención, Peña Merino explicó que la ley regula todo el ecosistema de telecomunicaciones en el país: desde satélites, torres, antenas y redes de fibra óptica, hasta el acceso y uso del espectro radioeléctrico, así como la interconexión y compartición de infraestructura entre empresas.
Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es cerrar la brecha digital. Actualmente, se estima que 10.2 millones de personas mayores de 14 años viven en zonas sin cobertura 4G, y otras 4.4 millones viven en zonas con cobertura, pero sin recursos para pagar un servicio de datos, lo que suma al menos 15 millones de mexicanos sin acceso funcional a internet.
Peña Merino destacó que el internet no es solo una herramienta tecnológica, sino un habilitador de derechos: “Sin conectividad, muchas personas quedan excluidas del ejercicio pleno de sus derechos a la educación, la información, la libre expresión y otros fundamentales”, señaló.
En cuanto a costos, México se encuentra en desventaja. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el país tiene el precio más alto por gigabyte de datos entre un grupo comparativo de naciones con características similares. El costo promedio es de 5.22 dólares por GB, muy por encima de países como Egipto (0.52 dólares) o India (0.17).
Entre las nuevas disposiciones de la ley se incluyen:
- Asignación de espectro para uso público, especialmente para CFE Internet y programas sociales como “Conectividad para el Bienestar”.
- Facilitación del acceso a espectro para fines educativos, científicos y sociales, con condiciones distintas a las comerciales.
- Interconexión obligatoria y a bajo costo para operadores comunitarios, sociales y públicos, como ocurre en regiones indígenas o de alta marginación.
- Compartición de infraestructura bajo reglas no discriminatorias, lo cual permitirá que torres y antenas de grandes operadores puedan ser usadas por otras empresas.
- Cobertura obligatoria en zonas rurales y carreteras, a cambio de beneficios fiscales o descuentos en pagos por espectro.
En el sexenio pasado se logró un aumento significativo en la conectividad: de 13 mil a 141 mil localidades conectadas, y de 40 a 97 millones de personas con acceso a una red pública. Sin embargo, aún existen grandes desigualdades: solo el 26% de las localidades con menos de 200 habitantes cuentan con cobertura, mientras que en las comunidades de más de dos mil 500 habitantes el porcentaje es del 96%.
Peña Merino concluyó que esta ley representa un marco normativo renovado, que busca integrar a toda la población al ecosistema digital del país, y que promueve un acceso más equitativo, asequible y de calidad a los servicios de telecomunicaciones.
