En el marco de la estrategia nacional de seguridad para combatir la violencia y proteger a la ciudadanía, el gobierno mexicano, en cooperación con Estados Unidos, llevó a cabo el traslado de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Esta acción, realizada el día de ayer, refleja la política de “cero impunidad” y tiene como objetivo disminuir la violencia y garantizar la seguridad nacional.
Ante esa situación, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, resaltó, en conferencia de prensa, que “las acciones de custodia y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos”.
También subrayó que el traslado no fue una extradición, sino que se ejecutó bajo los lineamientos de la Ley de Seguridad Nacional, que “establece las condiciones en las que, por seguridad de nuestro país y en conformidad con una solicitud debidamente fundada del gobierno de los Estados Unidos, se lleva a cabo esta acción”.
El fiscal agregó que “en el momento en que hubo un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional en México, inmediatamente se cumplió” y aseguró que se respetaron todas las normativas, sin que se violaran las suspensiones que algunos de los detenidos tenían. Aclaró que este procedimiento no se vio afectado por ninguna suspensión judicial, ya que “se trata de un procedimiento ajeno a esas suspensiones”.
Así fue el proceso
Por su parte, Omar García, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que la operación fue parte de los esfuerzos para “disminuir los impactos de la violencia, proteger a la ciudadanía y combatir la impunidad”.
El operativo de traslado involucró a tres mil 512 elementos de diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
Además, participaron 342 vehículos y 20 aeronaves, que realizaron el traslado desde las instalaciones militares de Santa Lucía, Estado de México, hacia varias ciudades en Estados Unidos, como Washington, Nueva York, Chicago, Houston y Phoenix.
Durante el operativo, no se registraron incidentes, y los 29 individuos trasladados se encontraban recluidos en 9 centros penitenciarios federales y 2 locales en México, y son responsables de delitos de alto impacto tanto en México como en Estados Unidos, entre los que destacan: narcotráfico, tráfico de fentanilo, lavado de dinero, homicidio, secuestro y ataques a autoridades federales y locales. Algunos de ellos eran requeridos por el gobierno de Estados Unidos desde hace más de 40 años.
“Estos individuos han cometido delitos atroces en nuestro país, como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia”, señaló García.
