Durante la conferencia matutina de este domingo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lanzó duras críticas contra integrantes del Poder Judicial de la Federación, a quienes acusó de frenar la implementación de leyes y políticas públicas orientadas al bienestar social. Rodríguez denunció que varios jueces han emitido resoluciones que detienen proyectos importantes para el país, como obras públicas y programas de apoyo a la ciudadanía.
Uno de los temas más preocupantes que expuso fue la grave dilación en la emisión de sentencias, en especial para personas privadas de su libertad. Presentó datos que revelan que más de 6 mil de los 21 mil reclusos en centros federales aún no han recibido sentencia. En particular, señaló la situación en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil No.16 en Morelos, donde cientos de mujeres han esperado entre uno y 11 años por una resolución judicial.
Rodríguez destacó que estos retrasos no solo perpetúan la impunidad, sino que también niegan el acceso a la justicia a miles de personas. A su vez, criticó que mientras el gobierno impulsa proyectos como el Tren Maya y la Ley de la Industria Eléctrica, los jueces han concedido amparos que paralizan su avance, citando como ejemplo las numerosas impugnaciones contra la Ley de Minería, los libros de texto gratuitos y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial.
La secretaria también denunció la existencia de corrupción y nepotismo dentro del Poder Judicial, señalando la venta de exámenes para la selección de jueces y la prevalencia de vínculos familiares en la estructura judicial. Según los datos presentados, el 49% de los empleados del Poder Judicial tienen al menos un familiar trabajando en la misma institución, y el 85% de los magistrados y jueces tienen parientes en cargos dentro del sistema.
Rodríguez urgió a poner fin a estos excesos, destacando que la falta de sanciones a jueces corruptos solo perpetúa la impunidad. De las 38 mil quejas presentadas contra jueces y magistrados entre 2004 y 2023, el Consejo de la Judicatura Federal solo sancionó a 472, mientras que el 86% de las quejas fueron desechadas sin investigación.
Rodríguez también criticó los altos salarios de los funcionarios del Poder Judicial, señalando que muchos de ellos superan lo establecido por la Constitución, que prohíbe a cualquier funcionario ganar más que el presidente de la República. Destacó que los ministros de la Suprema Corte perciben sueldos superiores a los 790 mil pesos mensuales, y que jueces y magistrados también disfrutan de ingresos elevados, lo que ha sido objeto de críticas por parte del gobierno federal.
Finalmente, la secretaria llamó al Poder Judicial a garantizar una justicia más rápida y equitativa, y a eliminar los obstáculos que impiden la implementación de políticas públicas en beneficio de los ciudadanos.
