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La ministra Lenia Batres decidirá el futuro de Mario Aburto

La "ministra del pueblo" será la encargada de decidir el futuro del señalado por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, será la encargada de emitir el voto que determinará el destino de Mario Aburto Martínez, quien fue acusado y condenado por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994. Este caso, que ha generado controversia y teorías a lo largo de tres décadas, se encuentra nuevamente en el ojo público debido a un empate en la votación de los ministros.

El proyecto, previamente en manos del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, sugiere reponer el procedimiento en el juicio de amparo que Aburto interpuso. Alcántara Carrancá, junto con la ministra Margarita Ríos Farjat, argumentó que continuar el proceso podría ocasionar revictimización y expectativas poco realistas para las víctimas indirectas del caso. Sin embargo, la decisión quedó en un empate, y ahora será Batres quien tenga la última palabra.

Recientemente, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del fallecido candidato, expresó su deseo de que se otorgue un indulto a Aburto, con el fin de cerrar el caso y permitir a su familia sanar. La propuesta de Colosio Riojas ha añadido un componente emocional a este asunto, que ha dividido opiniones tanto en la política como en la sociedad mexicana.

La SCJN ha programado la votación final para el próximo 23 de octubre, aunque esta fecha podría posponerse si Batres requiere más tiempo para revisar los elementos del caso. La ministra ha señalado la importancia de considerar el contexto legal de la época en que ocurrió el asesinato, mencionando que antes de la reforma constitucional de 2000, las normas penales limitaban la participación y reconocimiento de las víctimas en los procesos judiciales.

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una impugnación contra el fallo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que ordenó revocar la sentencia de 45 años de prisión de Aburto. La FGR sostiene que este tribunal no tomó en cuenta la voz de las víctimas, dejando al Estado en una situación de indefensión.

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