Jueces federales actuaron rápidamente y otorgaron suspensiones para impedir que el dictamen de la reforma al Poder Judicial sea debatido en la Cámara de Diputados, un proyecto que ya había sido aprobado por los legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Martha Eugenia Magaña López, jueza Quinto de Distrito en Morelos, emitió una suspensión que bloquea la discusión del dictamen de la reforma al Poder Judicial en el pleno de la Cámara Baja, justo cuando este domingo comenzaría su proceso legislativo ordinario.
“Es procedente conceder la suspensión de oficio respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, a fin de que las autoridades responsables, que forman parte del Congreso de la Unión, continúen con el proceso legislativo. Y en caso de la eventual aprobación del decreto de reforma constitucional, se abstengan de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta que se resuelva la suspensión definitiva”, indica el documento emitido por la jueza.
Magaña López consideró que, si se aprobara la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pondría en grave peligro la independencia judicial y se vulnerarían los derechos laborales de los trabajadores, debido a la posible eliminación de la carrera judicial.
En un caso similar, Felipe V. Consuelo Soto, juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, también otorgó una suspensión para evitar que, una vez aprobado en el Congreso de la Unión, el dictamen sea enviado a los congresos locales de México.
El juez señaló en su resolución: “Es procedente conceder la suspensión de oficio respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, a fin de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen con el proceso legislativo. Y en caso de la eventual aprobación del decreto de reforma constitucional, se abstengan de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, hasta que se resuelva la suspensión definitiva”.
Consuelo Soto subrayó la importancia de analizar las implicaciones constitucionales de la reforma al Poder Judicial y la necesidad de proteger la separación de poderes, razón por la cual el dictamen no podrá ser enviado a los congresos locales una vez concluido su proceso legislativo.
