La falta de transparencia y posibles actos de corrupción por parte de Xóchitl Gálvez han generado una serie de escándalos conocidos en redes sociales como #XochitlGate. La política tuvo la oportunidad de ser transparente y declarar oficialmente los posibles conflictos de interés con las empresas de su familia. Sin embargo, en sus declaraciones no admitió que su hija y su empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V. son contratistas del Gobierno federal, incluyendo el actual liderado por Andrés Manuel López Obrador.
Aunque Xóchitl Gálvez declaró ser parte de la empresa High Tech Services S.A. de C.V. cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo, desde entonces y hasta su última declaración patrimonial como senadora, omitió revelar su relación con Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V., una empresa familiar en la que están involucrados su esposo Rubén Sánchez, su hija Diana Vega Gálvez y otros miembros de la familia Gálvez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un desafío a Claudio X. González para investigar los contratos asignados a las empresas de Xóchitl Gálvez a través de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Horas después, Gálvez respondió afirmando: “Mi empresa es tan exitosa que el Gobierno la contrata, porque esa es mi función, brindar servicios a quienes deseen contratarme, porque nunca he aceptado sobornos ni he participado en actos de corrupción. Insisto, los pagos a mi empresa se realizan por transferencia electrónica, no en sobres amarillos como los que recibían otros”.
A pesar de que sus empresas son dignas de presumir, no se encuentran registradas como información pública en sus declaraciones patrimoniales. Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes no aparece en las declaraciones patrimoniales de Xóchitl Gálvez, incluso siendo una empresa activa durante esta administración, donde ha recibido un total de 11 contratos por un valor de 5 millones 302 mil 366 pesos de cuatro dependencias gubernamentales. Nueve de estos contratos fueron asignados de manera directa, sin pasar por un proceso de licitación, mientras que en los otros dos se utilizó una licitación restringida.
La relación entre Xóchitl Gálvez y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes ha sido documentada por diversos medios de comunicación empresariales, quienes incluso la mencionan como fundadora de la empresa tras el éxito que logró con High Tech Services. Ambas empresas se dedican al mismo giro de mantenimiento especializado.
Mantener en secreto esta relación viola lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en su Artículo 8 establece que existirán intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar la imparcialidad de su desempeño en su empleo, cargo o comisión.
Esta ley abarca los intereses personales, familiares o de negocios, “incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado”. Esto muestra que el informe de estos conflictos es amplio, ya que incluye a familiares hasta el cuarto grado, lo que abarca padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, bisabuelos, bisnietos, tíos carnales, sobrinos carnales, tatarabuelos, tataranietos, tíos segundos, primos hermanos y sobrinos segundos.
En redes sociales, analistas cómo Mario Campa han señalado que estos escándalos han acelerado el desgaste de Gálvez:
La ley también establece claramente que un conflicto de interés no implica automáticamente una acción incorrecta o ilegal, pero debe ser debidamente identificado y tratado de manera transparente y efectiva.
En su declaración patrimonial cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez mencionó a High Tech Services como una relación de negocios. Esta empresa se especializa en la comercialización e instalación de aires acondicionados. Según la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se registran cinco contratos asignados de manera directa a esta empresa por un valor de 8 millones 32 mil 697 pesos durante el período de 2017 a 2019.
En cuanto a los contratos de Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, la mayoría están relacionados con Banobras según la información depositada en la Plataforma Nacional de Transparencia. Desde 2020, se han asignado ocho contratos, siendo el más costoso de ellos en 2023 por un valor de 825 mil 440 pesos. Siete de estos contratos fueron otorgados mediante adjudicación directa y uno a través de un mecanismo restringido de invitación a tres empresas.
Los servicios contratados incluyen “servicio de arrendamiento de Planta de Emergencia para red en baja tensión”, “suministro e instalación de baterías”, “servicio de mantenimiento a los sistemas de monitoreo que los integran” y “servicio de mantenimiento al sistema de circuito cerrado de televisión de los inmuebles”. Otro contrato de 1 millón 301 mil 580 pesos se realizó para el “mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de HVAC, ventilación, extracción y sistemas de automatización” en el edificio sede del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), también mediante una licitación restringida.
Además, la Senadora Xóchitl Gálvez añade contratos no publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia que su empresa celebró con el Aeropuerto Felipe Ángeles. Resulta curioso que, a diferencia de su postura crítica en otros casos, no ha cuestionado fuertemente esta obra. En una entrevista con Radio Fórmula el 8 de junio, afirmó que el aeropuerto “no es una porquería” y que “no está tan mal”.
Los negocios de Xóchitl Gálvez y su familia han sido documentados por la prensa en años anteriores. En 2015, las periodistas Kenya Ramírez y Ximena Mejía publicaron que, de 2005 a 2014, las dos empresas relacionadas con la familia Gálvez obtuvieron 28 contratos por un total de 25 millones de pesos con la Comisión Nacional de Agua (Conagua), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (antes IFAI) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con información de Polemon y Sin Embargo
