Padres de familia y organizaciones de la sociedad civil exigieron a las autoridades federales y estatales la expulsión inmediata de militares activos y en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de las escuelas públicas de Chiapas, bajo el argumento de que su presencia constituye una violación al interés superior de la niñez y un riesgo para la soberanía nacional.
La solicitud puede leerse y firmarse aquí: Solicitud de intervención urgente para impedir la presencia de militares israelíes en escuelas públicas y su contacto con la niñez mexicana
En una solicitud de intervención urgente dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la SEP federal y a la Secretaría de Educación Pública de Chiapas, los firmantes documentaron que integrantes de una organización denominada “Guerreros sin Fronteras”, que se presenta como “Héroes por la Vida”, han ingresado a planteles de educación básica para realizar actividades con población infantil, incluyendo clases de inglés, ciencias, música y técnicas de lucha Krav Magá.
La controversia se intensificó en junio de 2026, cuando 25 integrantes de las FDI fueron fotografiados con niños tsotsiles de Zinacantán durante actividades escolares. Según la solicitud, la cónsul de Israel en México, Hila Burg, apareció en algunas de estas imágenes junto a miembros de la organización. Hasta la fecha, señalaron, no hay transparencia sobre quién los invitó, quién verificó sus antecedentes ni bajo qué convenio operan.
Señalamientos jurídicos
Los firmantes fundamentan su demanda en siete argumentos jurídicos:
- Interés superior de la niñez. Consideran que permitir el contacto directo de personas vinculadas a operaciones militares en zonas de conflicto con menores, sin verificación alguna, vulnera el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Educación laica. Sostienen que la presencia de estos individuos, identificados como propagandistas de la Hasbara y de una ideología sionista, contraviene el artículo 3º constitucional, que establece que la educación estatal es laica y ajena a toda doctrina religiosa.
- Incompatibilidad con la Nueva Escuela Mexicana. La instrucción militar no forma parte del Sistema Educativo Nacional. Advierten que, al tratarse de niñas y niños indígenas, la gravedad es mayor por la vulneración adicional a su cultura.
- Riesgo psicosocial. Citan advertencias de expertos y organismos sobre el uso de “niñez vulnerable para hacer propaganda sionista”, en un contexto donde la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha documentado crímenes de guerra contra niñas y niños en Gaza.
- Falta de transparencia. Revelan que “Héroes por la Vida” está financiada por Maguen Group, empresa privada fundada por exmilitares israelíes dedicada a seguridad, cuyo CEO, Zvi Michaeli, es además el agregado comercial israelí que negocia con el gobierno de Chiapas, lo que impide una supervisión efectiva.
- Responsabilidad internacional del Estado. Argumentan que permitir la presencia de militares de un país cuyos mandos enfrentan órdenes de captura de la Corte Penal Internacional podría comprometer al Estado mexicano frente a la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Genocidio, cuyos tratados tienen jerarquía superior a las leyes federales y locales.
- Violaciones a la Ley de Migración. Señalan que la visa de visitante no autoriza actividades voluntarias ni remuneradas, y que la realización de propaganda política en escuelas públicas podría ameritar la cancelación de la calidad migratoria y la expulsión del país. También denuncian agresiones de ciudadanos israelíes contra personas y establecimientos que exhibieron banderas palestinas en San Cristóbal de Las Casas, y piden a la SRE investigar si el personal diplomático israelí facilitó estas actividades, lo que contraveniría la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Cuatro demandas concretas
La solicitud, fechada el 10 de octubre de 2026 en San Cristóbal de Las Casas, concluye con cuatro peticiones a las autoridades educativas:
- Prohibir de inmediato el acceso de integrantes de “Héroes por la Vida” / “Guerreros sin Fronteras” y de cualquier organización vinculada a las FDI a todas las escuelas públicas del país.
- Investigar bajo qué convenio o autorización ingresaron a los planteles, quién los autorizó y qué verificación de antecedentes se realizó.
- Notificar a las autoridades educativas estatales, particularmente las de Chiapas, para suspender cualquier actividad de la organización en escuelas.
- Garantizar que ninguna persona vinculada a fuerzas armadas extranjeras, especialmente aquellas señaladas por presuntos crímenes de guerra, tenga contacto con la niñez mexicana en el ámbito escolar.
“La presencia de militares y exmilitares israelíes en escuelas públicas de México no es un acto de altruismo: es una intromisión inaceptable que vulnera los derechos de la niñez, contraviene el marco constitucional y legal mexicano, y pone en riesgo la integridad de los menores”, señala el documento, al que califica el hecho como “lesivo contra la soberanía nacional”. Los firmantes confían en que la presidenta dé “una respuesta oportuna y contundente” para evitar que estas acciones continúen.
