Muerte de animales de ganado, así como afectación al sitio turístico Huaxtla, a causado el posible desvío de lixiviados del principal vertedero de Guadalajara a los ríos Milpillas y Grande, por ello la querella ante la PROFEPA
Ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente se encuentra la denuncia contra quien resulte responsable de presunto desvió de lixiviados del vertedero picachos a los ríos Milpillas y Grande de Zapopan, que ha causado daños al medio ambiente, muerte de animales y ahuyentado al turismo de las cascadas de Huaxtla.
La denuncia fue presentada por Mauro Lomelí, regidor de Morena en el ayuntamiento de Zapopan, respaldada por ciudadanos, pequeños propietarios operadores de ese sitio turístico y legisladores de ese mismo partido político en el Congreso del Estado.
En la denuncia, se presenta videos e imágenes donde se observan las descargas directas de lixiviados a esos cauces, aportado por los colectivos de ambientalistas, que son impulsados con válvulas especiales de sistemas de riego adaptadas para hacer ese desvío de desechos líquidos a un cauce natural, que su origen es agua de manantial del Bosque La Primavera, principal pulmón de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El regidor Mauro Lomelí recalcó que la contaminación trasciende el impacto turístico y afecta de forma directa la salud y el entorno de comunidades como Huaxtla, Mesa de San Juan, San Lorenzo, Milpillas, San Francisco de Ixcatán y La Soledad, donde ya se reportan casos de personas enfermas, muerte de ganado y afectaciones severas a la fauna silvestre, cuyo cauce contaminado desemboca en el Río Santiago.
Ante las declaraciones de autoridades estatales que señalaron no haber localizado descargas irregulares en recorridos recientes, el regidor puntualizó que la PROFEPA es la instancia competente por tratarse de cuencas de jurisdicción federal. Sostuvo que el deterioro es evidente a simple vista por la presencia de espuma y fuertes olores en el lugar.
El regidor de Morena en Zapopan aclaró que la acción legal no busca el golpeteo político, sino la intervención federal para determinar el daño ambiental, deslindar responsabilidades penales y dictar medidas urgentes de restauración en el ecosistema afectado.
