La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a fijar postura sobre el regreso del senador Enrique Inzunza a sus actividades legislativas, luego de los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos contra él, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Durante su conferencia matutina, la mandataria evitó abundar nuevamente en el tema y subrayó que la decisión de mantenerse en el cargo corresponde al propio legislador. En ese contexto, afirmó que cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos y de las determinaciones que toma en el ámbito público.
Sheinbaum recordó que en ocasiones anteriores ya ha expresado su opinión sobre la pertinencia de que personas señaladas por investigaciones o acusaciones ocupen responsabilidades públicas. Sin embargo, recalcó que el Ejecutivo federal no decide por los integrantes del Congreso ni por los gobiernos estatales.
La presidenta aprovechó el cuestionamiento para responder a las críticas que han señalado a su administración como autoritaria o concentradora de decisiones. Aseguró que, por el contrario, el caso muestra que las instituciones y los representantes populares conservan autonomía para actuar conforme a su criterio.
Cada senador y cada diputado toman por conciencia la decisión de su voto”, expresó al defender que las determinaciones legislativas no dependen de una instrucción presidencial. También afirmó que los gobernadores tienen margen de decisión dentro de sus estados, mientras que su responsabilidad como presidenta es definir la política pública nacional y coordinar al gabinete federal.
El pronunciamiento ocurre en un momento de presión política por los señalamientos formulados desde Estados Unidos y por el debate sobre la responsabilidad pública de funcionarios y legisladores acusados de presuntos nexos con organizaciones criminales. Sheinbaum insistió en que cada actor político debe responder frente a la ciudadanía y ante las instituciones correspondientes.
