El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque apoyará a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con acciones de vigilancia y saneamiento a la de cauces federales que pasan por su territorio, donde del ayuntamiento tendrá la custodia de esos cuerpos de agua, así pactaron ambas entidades públicas en la firma del convenio que estableció Laura Imelda Pérez Segura presidenta de ese municipio y Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico.
Para nosotros es muy importante la firma de este convenio porque formaliza la colaboración y nos permite actuar de manera mucho más activa en las problemáticas que se presentan en torno a estos cuerpos de agua y zonas federales”, señaló Pérez Segura, alcaldesa de la Villa Alfarera.
Explicó que a través de esta coordinación, se podrá fortalecer la prevención y vigilancia para evitar invasiones, asentamientos, construcciones o intervenciones que representen un riego, además de dar seguimiento a las acciones que realicen las distintas dependencias en estas áreas.
Como ejemplo, Laura Imelda mencionó las acciones realizadas en Arroyo Seco, donde el municipio ha intervenido para proteger las laterales del cauce y prevenir que continúe el deslave y la ampliación de este, con el propósito de reducir riesgos para las viviendas ubicadas en las inmediaciones.
Todo esto obedece a una historia reciente y no tan reciente de desorden, de falta de supervisión y de falta de coordinación, que hoy tenemos toda la voluntad de atender y de avanzar en la solución de estas problemáticas” afirmó.
Asimismo, resaltó los avances y proyectos relacionados con el abastecimiento de agua para el Área Metropolitana, así como las acciones de saneamiento del Río Santiago, y reiteró que el municipio continuará trabajando para atender las problemáticas relacionadas con descargas ilegales y contaminación de los cuerpos de agua.
Hoy contaremos con más herramientas para vigilar y actuar de manera inmediata: no permitir una construcción más, no permitir una invasión, no permitir un asentamiento y no permitir la contaminación de nuestros cuerpos de agua”, enfatizó Pérez Segura.
Recordó que su administración ha implementado acciones para reducir riesgos durante el temporal de lluvias, entre ellas la ejecución del Plan Maestro contra las Inundaciones, así como obras de infraestructura hidráulica, construcción de vasos reguladores y cárcamos de bombeo.
Como parte del convenio, se conformará un comité de seguimiento que sesionará al menos cada seis meses para evaluar los acuerdos establecidos, fortalecer la coordinación entre las instituciones y dar seguimiento a las acciones realizadas.
Por su parte, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, destacó que el nuevo marco establecido a partir de la Ley General de Aguas permite definir con mayor claridad las competencias de los distintos niveles de gobierno y fortalecer la coordinación para la vigilancia y ordenamiento de las zonas federales.
Ahora se trata de que compactemos ese gobierno, que juntos podamos vigilar la zona federal, que juntos podamos regularla y orientar las inversiones de los municipios de manera ordenada y de acuerdo con la normatividad”, explicó.
El funcionario federal señaló que este trabajo conjunto también permitirá regularizar aquellas ocupaciones que puedan cumplir con la normatividad y atender los casos en los que existan permisos vencidos, siempre que no haya impedimentos legales.
Sin embargo, advirtió que las personas que ocupen zonas federales en áreas de riesgo o dentro de vasos reguladores deberán retirarse, aun cuando cuenten con algún permiso, y en los casos donde existan construcciones que incumplan con la normatividad se deberán realizar las acciones correspondientes para su retiro.
Figueroa Cuevas reconoció la disposición del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque y de la presidenta municipal para trabajar de manera coordinada en la protección de las zonas federales.
Como parte de estas acciones, recordó que durante el pasado temporal de lluvias se realizaron más de 400 notificaciones a viviendas que se encontraban asentadas de manera regular en las inmediaciones de zonas federales, pero que posteriormente habían incorporado construcciones o ampliaciones dentro de estas áreas y, en algunos casos, en zonas consideradas de riesgo.
Las notificaciones tuvieron como propósito solicitar el retiro de dichas construcciones y evitar su ocupación, debido a que estas representan un riesgo tanto para la integridad física de las familias como para su patrimonio.
