En un contexto donde el Área Metropolitana de Guadalajara entierra a diario el 95 por ciento de las 5 mil 100 toneladas de residuos que recolecta, la diputada local Mariana Casillas Guerrero presentó hoy una reforma integral que busca transformar de raíz la política estatal de gestión de residuos.
La propuesta, elaborada junto con la Asamblea de los Pueblos –agrupación que reúne a colectivos ambientalistas– modifica la Ley de Gestión Integral de los Residuos, el Código Urbano y la legislación de Jalisco en medio ambiente, para cambiar el rumbo de una crisis que afecta a comunidades periféricas y rurales.
En rueda de prensa, la legisladora advirtió que el actual sistema no solo es insostenible desde el punto de vista ambiental, sino profundamente inequitativo.
Las consecuencias recaen sobre comunidades concretas. Los pueblos de la Barranca del Río Santiago, las colonias cercanas a Los Laureles y Matatlán, Santa Cruz de las Flores y las familias que viven alrededor de La Cajilota reciben los lixiviados, los gases, los incendios, la fauna nociva y las enfermedades”, señaló Casillas Guerrero.
La reforma presentada establece la separación obligatoria de residuos desde los hogares, comercios e industrias, clasificándolos en orgánicos, reciclables y materiales de difícil aprovechamiento. Para ello, los municipios deberán organizar una recolección diferenciada y desarrollar plantas de compostaje mediante metas graduales, ajustadas a sus capacidades reales, con plazos que van de los tres a los seis años.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un Sistema Estatal de Información de Residuos de carácter público y actualización mensual; este mecanismo permitirá conocer con precisión cuánto genera cada municipio, cuánto recupera y cuál es el destino final de sus residuos.
En materia de ordenamiento territorial, la propuesta incorpora zonas de amortiguamiento de mil metros alrededor de estaciones de transferencia, plantas de selección y sitios de disposición final, en las que no podrán autorizarse nuevas viviendas ni urbanizaciones.
La iniciativa también reconoce el papel fundamental de los recicladores de base y cooperativas, a quienes integra formalmente como actores estratégicos en la cadena de valor.
Su trabajo sostiene buena parte del reciclaje que hoy existe, aunque lo realizan sin seguridad social, equipo suficiente ni condiciones dignas. La reforma busca integrarlos formalmente a la separación, la recolección y el aprovechamiento de residuos, con derechos laborales y apoyo público”, destacó la diputada.
En el ámbito productivo, el estado deberá elaborar un Plan de Economía Circular y Bioeconomía Circular que impulse el aprovechamiento de materiales, el compostaje y la bioenergía
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