El uso de recursos públicos para impulsar la imagen de funcionarios en redes sociales está prohibido por la ley electoral, recordó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre una investigación periodística relacionada con el presunto gasto en publicidad digital del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Sin emitir una postura sobre el caso en particular, la mandataria explicó que cada gobierno tiene la libertad de definir su estrategia de comunicación, siempre y cuando ésta se limite a informar sobre las acciones institucionales y no se convierta en una herramienta de promoción personalizada.
“Cada quien decide cómo hace su comunicación política”, expresó la presidenta, al señalar que, en el caso del Gobierno de México, la principal vía de comunicación es la conferencia matutina, complementada por las redes sociales oficiales e institucionales.
Sheinbaum enfatizó que existe una diferencia entre informar a la ciudadanía sobre programas, obras o acciones de gobierno y utilizar presupuesto público para aumentar el alcance de publicaciones con el objetivo de posicionar la imagen de un servidor público.
Recordó que la legislación electoral únicamente contempla una excepción: el periodo correspondiente al informe de gobierno, durante el cual es posible destinar recursos para la difusión institucional y la imagen del funcionario. Fuera de ese plazo, indicó, cualquier promoción pagada con dinero público contraviene la normativa vigente.
Asimismo, sostuvo que la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estas reglas recae en el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que, dijo, tiene la atribución de revisar de manera permanente la propaganda gubernamental y determinar si existen irregularidades.
La presidenta también señaló que cuando se detectan campañas impulsadas mediante cuentas falsas o redes de “troles”, generalmente existe una inversión económica detrás de dichas estrategias digitales, aunque reiteró que corresponde a la autoridad electoral investigar y, en su caso, deslindar responsabilidades.
Las declaraciones de Sheinbaum se dieron luego de que una investigación periodística pusiera nuevamente sobre la mesa el debate sobre el uso de recursos públicos en campañas de promoción digital de funcionarios, tema sobre el que la mandataria evitó pronunciarse directamente, pero aprovechó para recordar los límites que establece la legislación electoral.
