La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió con comunidades indígenas Mayo-Yoreme de la Laguna-Bahía de Ohuira, en Sinaloa, que desde hace semanas mantienen protestas para exigir la cancelación de una planta de amoniaco que consideran una amenaza para el ecosistema y para las actividades pesqueras de la región.
La visita de la titular de la Semarnat se realizó el pasado 12 de junio en la zona de Topolobampo y Los Mochis, donde sostuvo mesas de diálogo con habitantes, autoridades ambientales y representantes de distintas dependencias federales para escuchar las preocupaciones sobre el proyecto impulsado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).
Las comunidades han manifestado su rechazo a la construcción de la planta al asegurar que podría generar impactos ambientales irreversibles en la Laguna-Bahía de Ohuira, además de denunciar que no existió una consulta libre, previa e informada para conocer los alcances del proyecto.
Como resultado de los encuentros, las autoridades acordaron mantener abiertas las mesas de diálogo, realizar una inspección ambiental actualizada en la zona con participación de representantes comunitarios y establecer comunicación directa con la empresa promotora del proyecto.
Durante la reunión, Bárcena enfatizó que las autorizaciones ambientales no son definitivas ni permanentes. “Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, afirmó.
Entre los compromisos anunciados también destaca el respeto al derecho de las comunidades a manifestarse y expresar sus inquietudes respecto al proyecto industrial.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) será la encargada de realizar una nueva inspección para verificar el estado actual de las obras y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Por su parte, representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) coincidieron en que la situación requiere una solución integral basada en el diálogo y la participación comunitaria.
Las autoridades señalaron que cualquier decisión futura sobre la planta deberá sustentarse en criterios técnicos, legales y ambientales, mientras que la Secretaría de Economía aseguró que buscará alternativas de desarrollo económico compatibles con las características y necesidades de la región.
La controversia por la planta de amoniaco ha escalado en las últimas semanas, luego de que habitantes presentaran denuncias ante la Profepa y reforzaran las movilizaciones para exigir la protección de la Laguna-Bahía de Ohuira, considerada una de las zonas de mayor valor ecológico y pesquero del norte de Sinaloa.
