En medio de la polémica por las investigaciones y acusaciones de autoridades estadounidenses contra políticos mexicanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el gobierno del exmandatario Felipe Calderón Hinojosa mantuvo vínculos con el Cártel de Sinaloa, situación que, dijo, está respaldada por múltiples pruebas.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria señaló que el caso de Genaro García Luna es uno de los principales ejemplos de esa presunta relación entre autoridades federales y grupos criminales durante la llamada guerra contra el narcotráfico.
Sheinbaum sostuvo que la estrategia de seguridad implementada en aquel sexenio no solo dejó un saldo de violencia, homicidios y dolor para la población, sino que además favoreció a una organización criminal sobre otras. Según la presidenta, las evidencias conocidas públicamente apuntan a que se establecieron acuerdos con el Cártel de Sinaloa, algo que aseguró su gobierno no está dispuesto a repetir.
La titular del Ejecutivo también destacó que su administración no mantiene ningún tipo de relación con grupos delictivos, ya sea delincuencia organizada, delincuentes comunes o actores involucrados en corrupción de cuello blanco.
Además, recordó que tras dejar el cargo, García Luna creó empresas privadas dedicadas a la venta de tecnología y equipos de seguridad, las cuales obtuvieron contratos con gobiernos federales y estatales. De acuerdo con Sheinbaum, investigaciones posteriores detectaron presuntas irregularidades, como sobreprecios millonarios y equipos que nunca fueron entregados.
La presidenta explicó que estos elementos forman parte de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, aunque aclaró que no fueron utilizados en el juicio que llevó a García Luna a ser condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Las declaraciones ocurren en un contexto de tensión política derivada de investigaciones estadounidenses que han señalado a funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado. Entre ellos figura el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros servidores públicos mencionados en indagatorias relacionadas con la facción de Los Chapitos.
Asimismo, en semanas recientes surgieron versiones sobre presuntas restricciones migratorias para los gobernadores Américo Villarreal Anaya y Alfonso Durazo Montaño, quienes rechazaron cualquier vínculo con organizaciones criminales y negaron haber sido objeto de sanciones por parte del gobierno estadounidense.
