Luisa María Alcalde presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que busca fortalecer los filtros sobre quienes aspiran a cargos públicos, mediante la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE).
La propuesta, que será enviada este mismo día a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, plantea que dicho órgano esté integrado por cinco consejeros electorales y tenga como función revisar elementos de integridad relacionados con los perfiles postulados por los partidos políticos.
El objetivo central de la iniciativa es que los partidos cuenten con mayores herramientas para tomar decisiones sobre sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, en un contexto marcado por señalamientos sobre la posible infiltración del crimen organizado en procesos electorales.
De aprobarse, la nueva comisión operaría bajo el paraguas del INE y buscaría cerrar el paso a aspirantes con presuntos vínculos con grupos delictivos, incorporando mecanismos de evaluación previos a la definición de candidaturas.
La reforma abre un nuevo frente en el debate electoral: hasta dónde deben llegar los controles institucionales sobre las candidaturas sin invadir derechos políticos ni atribuciones partidistas.
