Organizaciones, familiares y colectivos han denunciado presuntas irregularidades y fabricación de delitos en el caso de Carlos Darío, joven activista de la Juventud Comunista de Aguascalientes, quien fue detenido tras participar en protestas contra la visita de la política española de tendencias fascistas Isabel Díaz Ayuso.
Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes se expresó profunda preocupación por la criminalización y privación de la libertad del joven, señalando que su vinculación a proceso ocurrió en un contexto de graves fallas al debido proceso, así como un supuesto uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia.
Las autoridades de Aguascalientes le imputaron delitos contra la salud y, según la denuncia, habrían utilizado la estructura institucional para construir una narrativa criminal contra Carlos Darío, vinculándolo con hechos ocurridos durante las manifestaciones en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El Observatorio advirtió que en México existe un contexto alarmante de violencia, hostigamiento y criminalización contra defensores, activistas y periodistas, y subrayó: “Aguascalientes no puede convertirse en un estado donde se utilice el aparato penal para silenciar el disenso político”.
Asimismo, calificó como alarmante que la Fiscalía General del Estado recurra presuntamente a prácticas de fabricación de delitos y carpetas de investigación para perseguir la protesta social y la organización política. “Lo que hoy ocurre con un activista puede ocurrirle a cualquier persona que decida alzar la voz”, agregó.
Por ello, exigieron:
- Respeto al debido proceso y a los derechos humanos.
- Cese de la criminalización de personas activistas.
- Transparencia en las actuaciones de la Fiscalía.
- Garantías plenas para la libertad de expresión, organización y protesta.
