Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones hechas por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien afirmó que el gobierno federal la critica por combatir al narcotráfico mientras que al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “se le protege a capa y espada”.
Cuestionada por la prensa sobre las declaraciones realizadas por Campos el pasado 5 de mayo, Sheinbaum fue tajante al negar cualquier tipo de protección hacia el mandatario sinaloense.
“Es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas”, respondió la mandataria federal.
Sheinbaum sostuvo que cualquier investigación o proceso judicial debe estar respaldado por evidencia sólida y realizarse conforme a la ley, descartando que exista un trato preferencial para Rocha Moya.
Sin embargo, la presidenta aprovechó el tema para lanzar una crítica directa al gobierno de Chihuahua. Señaló que en esa entidad sí hubo una colaboración con autoridades de Estados Unidos fuera de lo establecido por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, al insinuar que se actuó al margen del marco legal mexicano en materia de cooperación bilateral.
Las declaraciones se producen en medio de la controversia por el caso de Rocha Moya, luego de que trascendiera que un tribunal federal de Nueva York lo habría señalado presuntamente por vínculos con el crimen organizado.
Sobre este tema, el gobierno federal explicó que la Fiscalía General de la República recibió una solicitud de detención provisional por parte de Estados Unidos, pero determinó que no cumplía con los requisitos previstos en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos de 1978, al no incluir pruebas suficientes ni documentación diplomática formal.
Por ello, México solicitó información adicional a Washington antes de proceder con cualquier acción legal. La administración federal ha insistido en que esto demuestra el correcto funcionamiento del tratado y no un bloqueo a la cooperación bilateral.
El intercambio entre Sheinbaum y Campos exhibe las diferencias entre el gobierno federal y la oposición respecto al combate al crimen organizado y la relación con Estados Unidos en temas de seguridad. Mientras la oposición acusa un uso político de la justicia, la presidenta defiende que las decisiones deben tomarse únicamente con base en pruebas y dentro del marco constitucional.
