La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “un abuso” y “un exceso” las pensiones que reciben algunos ex funcionarios y ex dirigentes sindicales, al considerar que “no se justifican”, sobre todo cuando superan el salario de la persona titular del Ejecutivo federal.
La mandataria señaló que existen casos documentados de ex servidores públicos que ocuparon cargos de confianza durante pocos años y que actualmente perciben pensiones elevadas.
Como ejemplo, mencionó a José Ángel Gurría Treviño, ex secretario de Hacienda y ex director general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, quien —según información oficial— recibe una pensión neta mensual de 120 mil pesos. No obstante, reportes periodísticos han señalado cifras mayores acumuladas por prestaciones derivadas de su paso por Nacional Financiera.
Sheinbaum aclaró que las Fuerzas Armadas no están incluidas en esta discusión, ya que el señalamiento se enfoca en funcionarios públicos de confianza y ex directivos de empresas productivas del Estado.
El contexto evidencia una brecha significativa: mientras los jubilados bajo el régimen de Afore reciben en promedio 5 mil pesos mensuales, ex directivos y ex líderes sindicales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad perciben entre 250 mil y más de 500 mil pesos al mes. En conjunto, ambas empresas destinan cerca de 550 millones de pesos anuales para cubrir pensiones de 160 personas con ingresos en esos rangos.
Entre los casos difundidos en años recientes también figuran ex funcionarios de Nacional Financiera, como Óscar Espinosa Villarreal, así como ex mandos en Pemex y CFE con percepciones que alcanzan hasta 6 millones de pesos anuales.
La presidenta insistió en que estos montos contrastan con la realidad de alrededor de 70 mil trabajadores que se jubilan cada año bajo el esquema de cuentas individuales, cuyos ingresos equivalen a cerca de 70 por ciento de su último salario y, aun así, promedian apenas 5 mil pesos mensuales.
Finalmente, subrayó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar responsabilidades en los casos donde existan denuncias, aunque dejó clara su postura frente a lo que consideró una desproporción en el sistema de pensiones.
