La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existen solicitudes de extradición contra empresarios estadounidenses presuntamente involucrados en el llamado “huachicol fiscal”, un esquema de ingreso ilegal de combustible al país sin el pago de impuestos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá informar sobre los nombres y el avance de los procesos legales, en la medida que lo permita el debido proceso.
Sheinbaum detalló que entre los señalados se encuentra la familia Jensen, empresarios que durante tres años habrían introducido a México 2 mil 881 cargamentos de petróleo crudo, haciéndolos pasar por otras sustancias para evadir impuestos en aduanas. La operación ilícita les habría generado ganancias cercanas a los 300 millones de dólares.
De acuerdo con la información expuesta, los Jensen habrían contado con el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que pagaban una contraprestación para operar la red de contrabando. La estructura fue desarticulada en abril pasado por autoridades estadounidenses, que también mantienen investigaciones abiertas.
Cuestionada sobre si existe coordinación con Estados Unidos en este caso, la presidenta afirmó que sí hay cooperación bilateral y reiteró que la FGR es la instancia encargada de detallar el alcance de las acciones judiciales, incluidas las solicitudes de extradición.
En otro tema, Sheinbaum aclaró que no existen líneas de investigación contra el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, luego de que se difundieran audios sobre una presunta reunión con el contraalmirante Fernando Guerrero. Indicó que la investigación en curso se centra exclusivamente en el contrabando de combustible y recordó que previamente hubo detenciones de algunos elementos de la Marina, denunciadas en su momento por el propio almirante.
QR para frenar el huachicol
La presidenta también destacó que actualmente las pipas que transportan combustible deben portar un código QR expedido por la Secretaría de Energía, el cual permite verificar el origen y destino del producto.
Explicó que este sistema de trazabilidad permite a la Guardia Nacional comprobar en tiempo real si el combustible es legal. En caso de que un vehículo no cuente con el código o presente irregularidades, puede ser detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
Según la mandataria, esta estrategia —implementada en coordinación con el SAT, la Secretaría de Energía, Aduanas y Pemex— ha reducido de manera significativa el traslado ilegal de combustibles en el país.
