El Gobierno federal acelera la construcción de la nueva red ferroviaria de pasajeros con una apuesta que combina infraestructura, coordinación interinstitucional y diálogo social. Así lo aseguro el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, quien detalló que ya se encuentra en marcha la fase uno del proyecto, que contempla los tramos Ciudad de México–Pachuca, Ciudad de México–Querétaro, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo.
Se trata, dijo, de corredores estratégicos que operarán con vías dedicadas y velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora. En el caso del tren México–Pachuca, el diseño exterior e interior ya fue acordado y mantiene similitudes con el Tren Insurgente, aunque con ajustes pensados para la dinámica metropolitana: pasillos más amplios para pasajeros que viajan con equipaje o bultos, especialmente los fines de semana.
Además, se informó que a finales de diciembre se emitió el fallo a favor de Alstom México para la fabricación de 47 trenes diésel-eléctricos, con capacidad de acoplarse hasta alcanzar los 200 metros de longitud. Habrá configuraciones para trayectos cortos —con mayor frecuencia y hasta 632 pasajeros— y para itinerarios largos, con 271 asientos ergonómicos. El primer tren se prevé para mediados del próximo año, aunque el objetivo es adelantar su entrega.
Por su parte, el general Ricardo Vallejo Suárez explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, funge como catalizador del desarrollo ferroviario, participando tanto en la ingeniería básica como en la ejecución de obra.
En la primera etapa se concluyeron estudios para casi 800 kilómetros de vía férrea. Actualmente, Defensa construye los tramos Ciudad de México–Pachuca (58 km de vía doble electrificada) y Ciudad de México–Querétaro (232 km). Tan solo en el primero se registra un avance físico del 22%, con 10 frentes de trabajo activos y más de 11 mil empleos generados. En el segundo, el avance es del 10%, con 14 frentes en operación y más de 14 mil empleos.
Ambos proyectos incluyen viaductos elevados, obras de drenaje, puentes vehiculares, bases de mantenimiento y estaciones estratégicas como Buenavista, Tula, San Juan del Río y La Corregidora. La meta es concluirlos en 2027.
En paralelo, avanzan los estudios de ingeniería básica para otros 1,400 kilómetros adicionales, que conectarán Irapuato con Guadalajara, Querétaro con San Luis Potosí, San Luis Potosí con Saltillo y Mazatlán con Los Mochis.
Liberación de derecho de vía y consulta social
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, subrayó que el proyecto no busca afectar a las comunidades, sino integrarlas. Informó que el 82% del derecho de vía ya existía históricamente; el restante 18% —propiedad social y privada— ha requerido trabajo directo con ejidos y propietarios.
Hasta ahora se han liberado más de 24 millones de metros cuadrados en 54 municipios de ocho entidades, mediante acuerdos con 123 ejidos y la realización de 70 asambleas. Además, se llevaron a cabo consultas indígenas en 12 comunidades, con la participación de 921 personas.
En cuanto a las familias asentadas sobre el derecho de vía, 44 fueron reubicadas: 33 recibieron vivienda nueva y 11 obtuvieron recursos para adquirirla. La inversión superó los 28 millones de pesos.
El componente social también incluye mesas de atención ciudadana en las zonas de obra. Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, informó que se mantienen 12 brigadas en campo para atender quejas e inquietudes, principalmente relacionadas con ruido o afectaciones temporales.
“Estamos trabajando permanentemente en territorio con el objetivo de que no se detenga la obra”, afirmó, al destacar que el diálogo constante con las comunidades permite mantener el ritmo de construcción.
El proyecto ferroviario no solo contempla trenes de pasajeros de alta velocidad, sino también infraestructura de carga, como la que se desarrolla en el sureste vinculada al Tren Maya. En todos los casos, aseguraron las autoridades, se cuenta con permisos ambientales, estudios técnicos y coordinación con dependencias federales y gobiernos estatales y municipales.
