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Sheinbaum exhibe recorte a privilegios en la SCJN tras polémica por camionetas blindadas

Comparó los gastos y prestaciones de ministros antes y después de la Elección Judicial, señalando la eliminación de apoyos y la reducción salarial como parte de una nueva visión del servicio público

La presidenta Claudia Sheinbaum puso en contraste los beneficios que tenían anteriormente las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las condiciones actuales, luego de la controversia por la adquisición —y posterior devolución— de camionetas blindadas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expuso que en el pasado los integrantes de la Corte contaban con un amplio paquete de prestaciones que representaban cientos de miles de pesos adicionales al salario, incluyendo apoyos para medicamentos, alimentación y becas, tanto para ministros en funciones como para quienes ya se habían retirado.

También mencionó que existían beneficios especiales para acceder a eventos de entretenimiento a través de empresas de boletaje, lo que utilizó para ironizar sobre el acceso privilegiado a conciertos de alta demanda.

Sheinbaum recordó que hace apenas unos años el ingreso anual de un ministro superaba los tres millones y medio de pesos, mientras que para 2026 el monto será considerablemente menor, con una reducción que busca acotar los ingresos del Poder Judicial a los nuevos criterios de austeridad.

Además, indicó que se eliminaron decenas de apoyos administrativos y personales, como servicios de jardinería, trámites bancarios, mudanzas, traslados de familiares y gastos protocolarios, entre otros, que antes eran cubiertos con recursos públicos.

La presidenta subrayó que los ministros actuales ya no contarán con seguros privados, estímulos por antigüedad ni compensaciones por riesgo, prestaciones que anteriormente incrementaban de forma importante el costo total de cada cargo.

De acuerdo con Sheinbaum, estos cambios forman parte de un proceso para redefinir el servicio público, reducir privilegios y ajustar el funcionamiento del Poder Judicial a un esquema de mayor responsabilidad en el uso de recursos.

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