Pese a que ahora manifiesta disposición para cubrir el adeudo fiscal de sus empresas, Ricardo Salinas Pliego no realizó el pago dentro del plazo establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que venció el pasado 23 de enero, por lo que enfrenta la posibilidad de que la autoridad inicie el Proceso Administrativo de Ejecución (PAE) para el cobro forzoso de la deuda.
Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó que representantes de Grupo Salinas acudieron después del vencimiento del plazo al SAT para expresar su intención de pagar y definir la forma en que se realizaría el cumplimiento, pero subrayó que el proceso debe resolverse conforme a lo que marca la ley.
“Plantearon su deseo de pagar, entonces se abre el espacio… y esta misma semana tiene que quedar resuelto”, dijo la mandataria, al aclarar que no se trata de una negociación política, sino de la aplicación estricta de los beneficios fiscales previstos en el Código Fiscal de la Federación.
El adeudo fiscal, estimado en alrededor de 50 mil millones de pesos, corresponde a diversas resoluciones firmes contra empresas de Grupo Salinas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó recientemente un amparo y dejó vigente la resolución de tribunales colegiados, con lo cual se cerraron las vías legales para frenar el cobro.
Antes de que venciera el plazo para acceder a una reducción de hasta 39 % en recargos y multas, el propio Salinas Pliego publicó en redes sociales que había mandado traer su yate de Europa al Caribe para pasar el fin de semana, acompañando el mensaje con la frase: “Hay que festejar”, lo que provocó críticas por contrastar con el litigio fiscal en curso.
De no concretarse el pago inmediato, el SAT puede activar el Proceso Administrativo de Ejecución, que permite el embargo precautorio de cuentas bancarias, acciones, créditos y bienes inmuebles, tanto de las empresas como, en ciertos casos, de los responsables solidarios, previo avalúo y eventual subasta de los bienes.
Además, la legislación fiscal contempla la intervención de las empresas mediante un interventor designado por la autoridad, quien puede supervisar el manejo de ingresos y destinar recursos directamente al pago de la deuda, la cual seguiría acumulando intereses, recargos y gastos de ejecución.
Sheinbaum reiteró que no habrá trato preferencial para grandes contribuyentes y que el caso debe resolverse esta misma semana, ya sea mediante el pago conforme a la ley o con el inicio de los mecanismos de cobro que correspondan.
