Durante el primer año de la actual administración, Puebla dejó de ubicarse entre las entidades con mayores registros de feminicidio, al pasar del séptimo al duodécimo lugar a nivel nacional, informó el gobernador Alejandro Armenta, quien atribuyó este resultado a un replanteamiento de la estrategia de seguridad con enfoque en violencia de género.
El mandatario señaló que el ajuste en las políticas públicas respondió a una solicitud del Gobierno federal para intensificar las acciones de protección a mujeres, lo que derivó en una mayor presencia institucional y en operativos focalizados en zonas consideradas de riesgo.
Como parte del despliegue territorial, el estado ya cuenta con seis centros estratégicos de seguridad en funcionamiento, de los quince que se proyectan para cubrir distintas regiones. Estos espacios buscan mejorar los tiempos de reacción de las corporaciones y facilitar la atención inmediata de emergencias.
En paralelo, la administración estatal firmó convenios de colaboración con las siete entidades que colindan con Puebla, con el fin de compartir información entre fiscalías, poderes judiciales y corporaciones policiales, lo que permitirá dar seguimiento a delitos que cruzan fronteras estatales y fortalecer la persecución penal.
Armenta también destacó acciones de proximidad social, con una inversión destinada a trabajos comunitarios enfocados en prevención del delito y reconstrucción del tejido social, como parte de los llamados Polos del Bienestar, estrategia que busca vincular desarrollo social con seguridad pública.
