Luego de la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, Venezuela atraviesa una de las crisis institucionales más complejas de su historia reciente. El operativo, realizado en medio de un “ataque a gran escala” en Caracas, dejó un vacío de poder que abrió el debate sobre quién gobierna realmente el país sudamericano.
De acuerdo con una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la vicepresidenta Delcy Rodríguez deberá asumir de manera temporal la administración del Estado en calidad de presidenta encargada, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y la defensa de la nación. La decisión se fundamenta en la Constitución venezolana, que establece que ante la “ausencia absoluta” del presidente durante los primeros cuatro años del mandato, el vicepresidente debe asumir el cargo.
Nicolás Maduro había iniciado un nuevo periodo presidencial el 10 de enero de 2024, por lo que, conforme a la Carta Magna, también debería convocarse a elecciones presidenciales dentro de los 30 días consecutivos siguientes a la falta absoluta, lo que colocaría los comicios en la primera semana de febrero. Sin embargo, el arresto del mandatario por fuerzas de otro país no está contemplado explícitamente en la Constitución, lo que obligó a la intervención del TSJ, un órgano integrado en su mayoría por magistrados afines al oficialismo.
Pese a esta designación, persisten serias dudas sobre quién ejerce el poder real. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país gobernará Venezuela de manera temporal hasta lograr “una transición segura, apropiada y legal”, lo que contradice la narrativa institucional venezolana. Trump incluso aseguró que Delcy Rodríguez ya había sido juramentada como presidenta, aunque en su discurso televisado previo, la funcionaria no se proclamó como mandataria interina ni habló de una transición política.
Por el contrario, Rodríguez reiteró su lealtad a Maduro. “El único presidente de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro”, afirmó, rodeada de altos funcionarios civiles y mandos militares, al tiempo que calificó los hechos como una agresión armada impulsada por “extremistas”.
Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio fue cuestionado sobre si Estados Unidos considera a Delcy Rodríguez como la presidenta legítima de Venezuela. Su respuesta fue contundente: “No se trata de quién es el presidente legítimo”, ya que Estados Unidos no reconoce al régimen actual. Rubio señaló que entiende que existen actores dentro de Venezuela capaces de generar cambios, pero subrayó que eso no equivale a reconocer la legitimidad del gobierno, la cual —dijo— solo podrá surgir tras un proceso de transición y elecciones.
Delcy Rodríguez es una figura clave del chavismo. Abogada de formación, ha ocupado múltiples cargos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, órgano creado para neutralizar al Parlamento de mayoría opositora, y actualmente también funge como ministra de Hidrocarburos. Hermana de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, proviene de una familia históricamente ligada a la izquierda radical venezolana.
En este contexto, Venezuela se encuentra atrapada entre una interpretación constitucional controvertida, un tribunal cuestionado, una vicepresidenta que no se asume como presidenta interina y una presión internacional encabezada por Estados Unidos que rechaza reconocer cualquier legitimidad al gobierno actual, mientras el país se asoma a un periodo de profunda inestabilidad política.
