Tras casi dos décadas de lucha laboral y más de una década de daños ambientales sin resolver, el Gobierno de México anunció el cierre definitivo de la huelga minera de Cananea y la puesta en marcha de un Plan Integral de Justicia Ambiental y Social para la cuenca del río Sonora, con una inversión histórica de 2 mil 222.6 millones de pesos.
Durante el anuncio oficial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que se trata de dos de los conflictos sociales más prolongados y dolorosos para el pueblo sonorense: la huelga de trabajadores mineros de la sección 65, iniciada en 2007, y las afectaciones derivadas del derrame tóxico ocurrido en el río Sonora en 2014. Ambos casos, dijo, representan una deuda histórica que el Estado mexicano decidió saldar bajo la directriz del humanismo mexicano impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Rodríguez recordó que fue en julio de 2021 cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea, reconociendo formalmente la deuda con los trabajadores mineros y sus familias. El proceso se reactivó con fuerza en noviembre pasado, cuando el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, acudió a la Secretaría de Gobernación acompañado por líderes sindicales para exigir una salida definitiva al conflicto laboral.
Tras meses de negociación y conciliación, el acuerdo alcanzado contempla la liquidación de más de 650 trabajadores mineros, poniendo fin a una de las huelgas más largas en la historia de México. La secretaria destacó que el proceso no fue solo económico, sino un acto de dignidad y justicia para viudas, familias y comunidades enteras marcadas por la espera.
Justicia ambiental para el río Sonora
En paralelo, se anunció la implementación de un plan integral para resarcir los daños causados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocurrido el 6 de agosto de 2014, provocado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. El desastre afectó cerca de 289 kilómetros de la cuenca Bacanuchi–río Sonora y a más de 20 mil personas en al menos ocho municipios.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que el plan fue construido con participación directa de las comunidades, universidades y autoridades federales y estatales, tras un proceso de diálogo iniciado en noviembre de 2024. El proyecto incluye acciones en salud, agua potable, monitoreo ambiental y remediación de suelos contaminados con metales pesados como arsénico, plomo y cobre.
El financiamiento del plan será tripartita:
- 70% aportado por Grupo México, equivalente a 1,500 millones de pesos,
- 22% por el Gobierno de México, con 483.6 millones de pesos,
- 8% por el Gobierno de Sonora, con 180 millones de pesos.
A estos recursos se suman 59 millones de pesos previamente depositados por la empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En total, la inversión alcanzará 2 mil 222.6 millones de pesos.
Agua, salud y remediación
El director de Conagua, Efraín Morales, detalló que se instalará un sistema permanente de monitoreo de la calidad del agua con estaciones automáticas, 42 sitios de muestreo y un centro de visualización en tiempo real. Además, se construirán 16 nuevas plantas potabilizadoras, se rehabilitarán otras cuatro y se implementarán 16 sistemas de desinfección, beneficiando directamente a más de 20 mil personas.
En materia de salud, el IMSS-Bienestar transformará el Hospital Comunitario de Ures en Hospital General, con nuevas especialidades, un área de cuidados intensivos, un centro de salud renal y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, además de un sistema permanente de vigilancia epidemiológica.
Un acto de reconciliación histórica
El gobernador Alfonso Durazo calificó el anuncio como un hecho que “se inscribe en la historia de los pueblos”, al cerrar dos conflictos que permanecieron abiertos por 18 y 11 años, respectivamente. Subrayó que el acuerdo no solo repara agravios, sino que envía un mensaje nacional: los conflictos sociales no desaparecen con el tiempo, solo encuentran cierre cuando el Estado actúa con sensibilidad, legalidad y responsabilidad.
Finalmente, las autoridades coincidieron en que este acuerdo representa un acto de justicia social, justicia ambiental y reconciliación histórica, marcando un nuevo capítulo para Cananea y las comunidades del río Sonora.
