Un feminicidio estremecedor ha conmocionado a San Quintín, Baja California. Keila Nicole, una adolescente de 13 años, fue brutalmente asesinada y desmembrada presuntamente por otro menor de 16 años. El caso ha generado gran indignación social, y voces en la comunidad han exigido que el presunto responsable sea juzgado como adulto, dada la gravedad del crimen.
Cuestionada al respecto, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, expresó que su gobierno no considera viable criminalizar a menores de edad como solución estructural a la violencia. “Criminalizar desde más jóvenes no resuelve el problema”, declaró, destacando que ya existe una legislación que establece las responsabilidades penales para menores en casos graves.
Sheinbaum aprovechó para poner el foco en San Quintín, una zona agrícola marcada por condiciones sociales adversas. “Es una zona que ha crecido a partir del trabajo de jornaleros agrícolas migrantes, muchos en condiciones laborales no formales, con salarios bajos y servicios insuficientes”, explicó.
La mandataria anunció una intervención integral en la región, que incluirá infraestructura de salud y educación, además de un censo casa por casa que ya realiza la Secretaría del Bienestar para identificar la situación de los migrantes y pueblos indígenas que habitan ahí.
Sheinbaum fue enfática: además de sancionar al responsable del feminicidio, es urgente atender las condiciones estructurales de desigualdad y abandono. “Una condición así puede generar un ambiente de descomposición social”, advirtió.
El crimen de Keila Nicole no solo duele por su brutalidad, también exhibe las profundas fallas sociales que alimentan la violencia en regiones marginadas.
