La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ejecutó una sanción administrativa este martes en el estado de Chihuahua, al clausurar cinco represas, una presa principal y un pozo que operaban de manera ilegal dentro de un rancho propiedad del exgobernador César Duarte.
Durante la conferencia matutina, Efraín Morales, director general de Conagua, explicó que esta infraestructura hidráulica fue construida sin permisos de construcción ni títulos de concesión, lo que permitió el acaparamiento de aproximadamente 700 mil metros cúbicos de agua para fines personales.
“Se trata de una acción que representa el abuso del poder político y económico del pasado”, afirmó Morales.
El rancho en cuestión, de cientos de hectáreas, fue equipado durante la gestión de Duarte con sistemas de captación de aguas superficiales y subterráneas.
“Resulta paradójico y lastimoso que en un estado como Chihuahua, donde muchas comunidades padecen por la falta de agua, un exgobernador construyera presas para su propio beneficio”, lamentó.
El procedimiento de clausura comenzó el lunes con la notificación oficial. Sin embargo, en menos de 24 horas, una juez federal, Madhay Soto Morales, concedió una suspensión provisional mediante un juicio de amparo presentado por personas que se identificaron como familiares del exgobernador.
Morales denunció que la jueza que otorgó esta suspensión es la misma que previamente bloqueó la distribución de libros de texto gratuitos en el estado, lo que consideró evidencia de un entramado de contubernio político y judicial.
Ante estos hechos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó las acciones de Conagua y anunció que se presentarán denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.
“El agua es un recurso nacional y no puede ser apropiado por intereses particulares. Esta cantidad de agua está dentro de una cuenca incluida en el acuerdo de 1944 con Estados Unidos, lo que agrava aún más la situación”, explicó.
Sheinbaum también señaló que su gobierno ha emprendido un proceso de ordenamiento y revisión de más de dos mil concesiones de agua en todo el país, con al menos 250 clausuras confirmadas hasta ahora. En muchos casos, se detectó que el agua concesionada para riego estaba siendo utilizada ilegalmente en desarrollos habitacionales, evitando así el pago correspondiente por el recurso.
“Esto no se trata de un caso aislado, sino de una práctica extendida que estamos combatiendo con firmeza. Vamos a seguir garantizando el derecho humano al agua y poniendo fin a estos abusos”, concluyó Morales.
