En un acto realizado este martes en el Senado de la República, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, acompañado por legisladoras y legisladores de Morena, denunció una presunta red de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación que estaría protegiendo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia mexicana desde septiembre de 2022.
Según el legislador morenista, esta “cofradía corrupta” ha emitido amparos y sentencias que han favorecido sistemáticamente a Cabeza de Vaca, permitiéndole eludir diversas acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, habría recibido protección judicial en su intento fallido por obtener fuero a través de una diputación federal y para conservar una escolta de 40 elementos pagados con recursos públicos del estado de Tamaulipas.
Gutiérrez Luna señaló directamente al ministro de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara, a los jueces Faustino Gutiérrez Pérez (actualmente empresario en Reynosa) y Juan Fernando Alvarado López (quien ya fue cesado), así como al magistrado Mauricio Fernández de la Mora y a Piedad del Carmen Hernández Ávila, secretaria en funciones de magistrada y esposa de Gutiérrez Pérez.
Particularmente grave resultó el señalamiento contra el juez Alvarado López, quien habría otorgado amparos improcedentes a Cabeza de Vaca para lograr su registro como candidato a diputado federal, desafiando resoluciones previas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y vulnerando el orden constitucional.
En otro caso, relacionado con el presunto desvío de más de 180 millones de pesos del fideicomiso destinado al fortalecimiento del sistema de videovigilancia estatal (C5), un juez federal en Ciudad Victoria determinó el no ejercicio de la acción penal, pese a que la Fiscalía General de la República había solicitado la vinculación a proceso de una exfuncionaria de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Cabeza de Vaca.
Ante estos hechos, Gutiérrez Luna hizo un llamado enérgico a la secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura Federal, Amalia del Carmen Fernández Barquín, para que se investigue y destituya a los jueces involucrados en este supuesto esquema de protección judicial, que impide que el exgobernador rinda cuentas ante la justicia mexicana.
