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El INE dice NO: cancelarán aspiraciones judiciales por delitos graves

El organismo electoral impedirá que personas con antecedentes de violencia, delitos sexuales o deudas alimentarias accedan a cargos en el Poder Judicial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves la implementación del mecanismo conocido como “8 de 8” para revisar la elegibilidad de las y los candidatos al Poder Judicial, con el objetivo de detectar perfiles que hayan incurrido en delitos de violencia de género u otras faltas graves.

Con ocho votos a favor y tres en contra, los consejeros electorales avalaron este mecanismo que permite cancelar el registro de aspirantes con sentencia firme por delitos como violencia familiar, violencia política contra las mujeres, abuso sexual, o ser deudores alimentarios. En caso de incumplir los requisitos legales establecidos en la Constitución, las candidaturas serán anuladas.

La medida se da en medio de la controversia generada en el Senado, donde se admitió que al menos 20 personas defensoras de narcotraficantes podrían haberse infiltrado en las listas de aspirantes al Poder Judicial.

Sin embargo, el INE aclaró que el mecanismo 8 de 8 se enfoca en identificar antecedentes por violencia de género y no en la depuración de perfiles por vínculos con el crimen organizado, tarea que correspondió a los Comités de Evaluación de los tres poderes.

El INE tiene la facultad de retirar candidaturas, incluso después de la elección, si se determina que los aspirantes incumplen los criterios de elegibilidad.

Por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que los resultados de las investigaciones se enviarán al Senado y al Tribunal Electoral para que se tome una decisión final sobre la permanencia de los aspirantes en el proceso.

Ante la magnitud del proceso —más de tres mil aspirantes a jueces, magistrados o ministros— y la falta de recursos del INE, la revisión de antecedentes quedará en manos de la sociedad civil. A partir de este 25 de abril, se habilitará un micrositio para que la ciudadanía y organizaciones presenten denuncias, las cuales serán investigadas por el órgano electoral.

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