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Liquidan fideicomisos del Poder Judicial… dos años después: transfieren 6,652 mdp a Tesorería

Transferidos más de 6,600 mdp a Hacienda tras más de año y medio de obstáculos legales.

La Suprema Corte de Justicia ha concluido finalmente el proceso de liquidación de cinco fideicomisos del Poder Judicial, por un monto total de 6,652 millones de pesos, que fueron transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) este abril de 2025.

A pesar de que una reforma legal ordenaba la extinción de estos fondos desde octubre de 2023, el proceso se mantuvo estancado durante 18 meses debido a múltiples amparos interpuestos por miembros del propio Poder Judicial. Estos recursos legales consiguieron suspensiones que impidieron a Nacional Financiera (Nafin), fiduciaria a cargo, ejecutar la disolución.

El panorama cambió con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia judicial en septiembre de 2024, que estableció la prioridad constitucional sobre estos recursos, obligando a los tribunales a levantar las suspensiones.

Los fideicomisos extinguidos incluían:

  • Pensiones para altos mandos (incluyendo ministros)
  • Apoyos médicos para empleados
  • Fondos por venta de publicaciones
  • Excedentes presupuestarios

De acuerdo con el Diario Oficial, estos fondos sumaban 6,652 millones al cierre del primer trimestre de 2025, con un ligero incremento respecto a 2024 por ganancias financieras, ya que solo se habían realizado pagos por conceptos administrativos.

La liquidación se hizo efectiva tras resolverse tres juicios de amparo en tribunales de la CDMX y Sinaloa. Nafin informó formalmente el 3 de abril que los recursos habían sido depositados en Tesofe bajo la categoría de “Aprovechamientos”, cumpliendo así con lo establecido en la reforma.

Este cierre marca el final de una intensa pugna sobre el manejo de recursos fuera del presupuesto regular del Poder Judicial, que ya había transferido un primer fideicomiso a finales de 2024 pero no pudo completar el proceso hasta ahora.

La medida representa un avance clave en la reestructuración del sistema judicial mexicano, alineándose con el objetivo de mayor transparencia y control presupuestario centralizado.

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