La consejera jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy, presentó este lunes un conjunto de reformas legales que buscan hacer más eficiente la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el país, mediante el uso de tecnología, coordinación institucional y participación ciudadana.
Las modificaciones se aplicarán a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y tienen como eje principal la creación de una Plataforma Única de Identidad, que permitirá integrar información en tiempo real y fortalecer las investigaciones.
“Estas reformas responden a la necesidad de contar con herramientas efectivas para atender de manera inmediata cualquier denuncia de desaparición y evitar dilaciones en los procesos de búsqueda”, explicó Godoy.
Las principales acciones incluyen:
- CURP con fotografía y biometría (huellas dactilares), que será reconocida como identificación oficial en todo el país.
- Obligatoriedad de todas las autoridades y particulares para consultar y alimentar los registros vinculados a la nueva plataforma.
- Creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, que deberá activarse de inmediato ante cualquier denuncia y generar alertas en tiempo real.
- Actualización del Banco Nacional de Datos Forenses, con conexión obligatoria de las fiscalías locales y otras instituciones.
- Sanciones administrativas para quienes incumplan con la generación, actualización o compartición de datos.
- Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que permitirá notificar rápidamente a autoridades y entidades privadas sobre casos de desaparición.
Además, las fiscalías estatales deberán contar con unidades especializadas en búsqueda, análisis de contexto, atención a víctimas y delitos cibernéticos, con personal capacitado y perfiles mínimos establecidos por la ley.
También se establece la participación obligatoria de sectores privados, como servicios financieros, salud, transporte, telecomunicaciones y paquetería, para facilitar el cruce de datos en las investigaciones, bajo el respeto a la Ley de Protección de Datos Personales.
“Se trata de un esfuerzo nacional para garantizar el derecho a la identidad desde el nacimiento, fortalecer el sistema de búsqueda y dar respuestas más rápidas y precisas a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido”, puntualizó Godoy.
