El proyecto de un nuevo rastro municipal para Tonalá mediante el esquema Asociación Público – Privado (APP), en donde se estipulaba destinará 35 millones de pesos del erario para esa operación que necesitaba el aval del poder legislativo de Jalisco, fue desechado por la Comisión Legislativa de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Jalisco.
Esta obra pública nació con controversia, ya que la empresa Carnes Selectas Tonaltecas que pretendía invertir en esa APP, estuvo involucrada desde su fundación con los hermanos de Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, representado un posible conflicto de intereses, por ello, dicha empresa solicitó un juicio de amparo, para evitar quedar fuera de la licitación y ser acreedora a esa proyecto, donde como parte privada invertiría 24 millones de pesos.
Tras señalamientos públicos y posibles irregularidades en el proceso original, sumado a la postura del propio gobierno de Tonalá de desistir del planteamiento, la Comisión de Hacienda determinó inviable autorizar el esquema de financiamiento.
La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco informó que esta resolución da cumplimiento a un mandato judicial derivado del juicio de Amparo interpuesto por la Sociedad Cooperativa Carnes Selectas Tonaltecas, el cual ordenaba al Congreso emitir un pronunciamiento formal sobre el tema.
En este Congreso el tema queda jurídica y legislativamente concluido. El dictamen va en sentido de desecho; no hay condiciones para que este proyecto continúe en los términos planteados y el Congreso no otorgará dicha autorización”, subrayó,
Cabe resaltar, que el presidente de Tonalá, Sergio Chávez quien impulsaba ese proyecto del nuevo rastro es emanado del Morena y en tanto, la diputada Cárdenas es del partido Movimiento Ciudadano.
Hubo algunos señalamientos por irregularidades y posibles actos de corrupción y demás. Entonces, regresa a la Comisión y hay que recordar que hubo un juicio de Amparo que le otorgaron a Carnes Selectas Tonaltecas, en el cual, obligaba a este Congreso en el sentido de la obligación que tiene Tonalá para brindar este servicio público que tiene que ver con el rastro”, expuso la legisladora de MC.
Gabriela Cárdenas aclaró que el Congreso únicamente tiene la facultad de autorizar o rechazar compromisos financieros o esquemas de APP, pero carece de facultades para intervenir en licitaciones o adjudicaciones municipales.
En este sentido, dijo que corresponderá exclusivamente al pleno del ayuntamiento de Tonalá determinar las nuevas alternativas para garantizar la prestación de este servicio público a la ciudadanía.
Con el desecho de este dictamen en la comisión y su posterior ratificación ante el Pleno, el Poder Legislativo concluiría de manera definitiva el trámite correspondiente a dicha solicitud.
