De encabezar la estrategia de seguridad de México a cumplir una condena en una de las prisiones federales más restrictivas de Estados Unidos. Genaro García Luna prepara ahora un nuevo intento para revertir la sentencia de 38 años de prisión que recibió tras ser declarado culpable de delitos relacionados con el tráfico de cocaína.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, programó para la segunda semana de noviembre una audiencia en la que los abogados del exfuncionario expondrán los argumentos con los que pretenden echar abajo el fallo.
García Luna fue detenido en Estados Unidos en 2019 y posteriormente llevado a juicio en Nueva York. En febrero de 2023, un jurado federal lo encontró culpable de cinco cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.
La resolución marcó la caída de uno de los funcionarios mexicanos que durante años estuvo en el centro de la política de seguridad del país.
Antes de convertirse en secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación. Desde esas posiciones tuvo acceso a información de inteligencia y participó en operativos y estrategias dirigidas contra organizaciones criminales.
Sin embargo, los fiscales estadounidenses sostuvieron que esa posición de poder también fue utilizada para favorecer a grupos dedicados al tráfico de drogas. Durante el juicio, la fiscalía presentó testimonios y evidencias con los que buscó demostrar que García Luna recibió sobornos del narcotráfico a cambio de brindar protección y facilitar sus operaciones.
El jurado aceptó la acusación y determinó su culpabilidad.
En octubre de 2024, un juez federal de Nueva York le impuso 38 años de prisión, además de una multa. Actualmente permanece recluido en Florence ADMAX USP, una prisión federal de máxima seguridad.
La defensa quiere reabrir el caso
Ahora sus abogados intentan cambiar el rumbo del proceso. En mayo de 2026 solicitaron que se revoque la condena bajo el argumento de que el juicio presentó irregularidades.
Uno de sus principales señalamientos es que testigos clave habrían mentido bajo juramento. La defensa también acusa a los fiscales de haber ocultado documentos y evidencia que, desde su perspectiva, pudieron favorecer al exfuncionario.
Con esos argumentos busca que la corte de apelaciones deje sin efecto la sentencia y permita un nuevo juicio.
La audiencia está prevista para la segunda semana de noviembre, aunque todavía no se determina el día exacto. El lunes 9 fue excluido de la agenda por compromisos judiciales del fiscal federal Adam Amir.
La audiencia, por sí misma, no modifica la condena. Será el espacio para que los jueces escuchen los argumentos de la defensa y posteriormente determinen si existen elementos suficientes para intervenir en el fallo.
El caso de los penales también sigue abierto en México
El nombre de García Luna también permanece ligado a otro expediente en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 20 de agosto que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana puede continuar un litigio relacionado con contratos penitenciarios celebrados entre 2010 y 2011.
La investigación involucra a 16 exservidores públicos y señala posibles irregularidades en contratos para construir y operar ocho centros penitenciarios. El presunto daño a recursos federales supera los 5 mil millones de pesos.
Por siete votos contra dos, la Suprema Corte reconoció la legitimidad de la dependencia para defender mediante un amparo los recursos federales involucrados y devolvió el expediente para que se analice el fondo del asunto.
Mientras ese proceso continúa en México, García Luna permanece tras las rejas en Estados Unidos y espera la audiencia que podría convertirse en uno de los últimos intentos para modificar la condena que pesa sobre él.
