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Marina del Pilar denuncia penalmente filtración de audios; acusa violencia política de género

Informó que ya presentó una denuncia por la difusión de grabaciones realizadas sin su consentimiento y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

Foto: Archivo

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable de la filtración de diversos audios que, según afirmó, fueron obtenidos de manera ilegal durante una reunión y llamadas telefónicas realizadas a finales de 2025.

La mandataria explicó que la querella contempla los presuntos delitos de ultrajes a la autoridad, usurpación de funciones públicas y violencia política contra las mujeres en razón de género, al considerar que fue víctima de una estrategia para afectar su imagen pública.

De acuerdo con la gobernadora, las grabaciones corresponden a una reunión celebrada en diciembre de 2025 y a conversaciones telefónicas previas que, aseguró, fueron registradas sin su autorización. Sostuvo que el encuentro fue preparado de manera deliberada para provocar una reacción de su parte bajo el argumento de tratar asuntos relacionados con su visa estadounidense.

Marina del Pilar señaló que durante la reunión la persona con la que se entrevistó comenzó a hablar sobre presuntos cargos criminales, sanciones y posibles extradiciones, lo que calificó como una maniobra de presión psicológica para intimidarla.

La mandataria indicó que pondrá a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California todas las pruebas con las que cuenta para contribuir a las investigaciones y esclarecer el origen de la filtración.

Asimismo, explicó que, debido a que el caso ya se encuentra bajo investigación, no puede ofrecer mayores detalles sobre el contenido de la denuncia. No obstante, reiteró que mantiene una relación institucional y de respeto con las autoridades de Estados Unidos, al tiempo que descartó especulaciones sobre su situación.

El caso se da en medio de la controversia generada por la difusión de los audios en redes sociales y medios de comunicación, lo que ha provocado un nuevo capítulo en la disputa política en Baja California mientras las autoridades estatales avanzan con las indagatorias.

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