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Harfuch presenta balance de seguridad: decomisos por más de 120 millones y 48 detenidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre los principales resultados de los operativos realizados entre junio y julio de 2026, entre ellos un aseguramiento histórico en Durango, la captura de un objetivo prioritario en Hidalgo y avances en la investigación del asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

Decomisos por más de 120 millones de pesos, 48 personas detenidas y el aseguramiento de 121 armas de fuego forman parte de los resultados más relevantes de la estrategia de seguridad federal presentados este martes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante el informe de seguridad correspondiente al periodo de junio-julio de 2026, el funcionario destacó que uno de los operativos de mayor impacto se llevó a cabo en Durango, donde además del armamento asegurado fueron decomisados 147 vehículos, como parte de las acciones para debilitar la capacidad operativa de grupos delictivos.

En Hidalgo, García Harfuch informó sobre la detención de Alberto “N”, alias “El Virus”, identificado como un objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La captura fue posible gracias a un operativo coordinado entre autoridades capitalinas y estatales.

El titular de la SSPC también dio a conocer que, en Culiacán, Sinaloa, fuerzas federales desarticularon una célula delictiva. Durante la intervención murió Christian Guadalupe “N”, alias “Texas”, señalado como operador regional de una organización criminal dedicada al secuestro y al robo.

Respecto al caso de la periodista Roxana Guzmán, García Harfuch señaló que las autoridades de Veracruz mantienen un trabajo conjunto entre la Fiscalía estatal y el gobierno local para esclarecer su desaparición y homicidio, una investigación que continúa en desarrollo.

El secretario afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad basada en la coordinación entre instituciones federales y estatales, con el objetivo de reducir la capacidad operativa de las organizaciones delictivas y avanzar en la procuración de justicia en casos de alto impacto.

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